La comisión es un órgano consultivo del Ejecutivo autonómico en el que están representados, además de la propia Administración, las empresas del sector del juego y los afectados.
La petición fue registrada por Azajer a mediados de diciembre, poco después de la presentación oficial de Gran Scala, y sigue sin ser respondida, explicaron fuentes de la entidad terapéutica.
La comisión se reunirá en los próximos meses para tratar las reformas de reglamentos relacionados con el juego que ha puesto en marcha el Gobierno de Aragón.
La DGA ha iniciado los trámites para modificar la normativa que regula las autoprohibiciones de acceso a las salas de juego, la referente a las máquinas tragamonedas y los salones de juego y, por último, la que regula el bingo. En el primer caso, el Gobierno de Aragón ha propuesto una serie de novedades encaminadas a agilizar el proceso por el que los ciudadanos pueden vetarse el acceso a los salones dedicados a los juegos de azar. En los otros dos casos, los cambios se refieren a la gestión de las empresas.
Varias entidades, tanto sociales como privadas, disponen de un plazo para presentar alegaciones a las iniciativas del Departamento de Política Territorial, Justicia e Interior, que asumió el pasado mes de julio las competencias en materia de juegos de azar.