Uruguay: procesan con prisión a Juan Carlos Bengoa

Los delitos imputados fueron fraude, concusión (coima) y conjunción del interés personal y público, debido a irregularidades en los casinos municipales de Montevideo entre los años 2000 y 2005. En ese período, Bengoa fue el director de Casinos, y González y Antúnez sus asesores.

La jueza Fanny Canessa ordenó que finalizada la feria judicial se constituyan en la Intendencia Municipal de Montevideo (IMM) las peritas que la asesoran y el actuario de su Juzgado, "a efectos de que la autoridad correspondiente les proporcione correctamente los datos necesarios" para el informe que dispuso. La medida se debe a que durante la investigación, Canessa pidió información sobre la gestión de Casinos a la IMM y recibió datos contradictorios.

También ordenó dar vista urgente a la DGl de lo actuado, para que ese organismo estudie si las empresas que arriendan slots a la comuna cometieron irregularidades, y "una serie de pericias que permitirán profundizar la investigación".

La oposición, en tanto, reformó sus críticas y subió la apuesta. La Lista 15 presentó documentos que, afirma, involucran a los ministros Mariano Arana y María Julia Muñoz y reclamó sus renuncias. Los ediles blancos le solicitaron al intendente Ehrlich que inicie un juicio civil contra Bengoa.

La magistrada decidió que los procesamientos fueran con prisión porque hay medidas probatorias "cuyo diligenciamiento podría ser obstaculizado por la libertad" de los implicados y por la "grave alarma social generada por la gravedad de los hechos atribuidos".

Durante este gobierno, Bengoa fue director de Casinos del Estado, y González director de Loterías y Quinielas, hasta que el martes pasado el ministro Danilo Astori aceptó sus renuncias.

"Bengoa ideó, diseñó e implementó una estrategia destinada a favorecer a particulares en daño del Estado" y "participaron de dicha estrategia los señores González, Antúnez, Dalmonte y Ruiz, por lo que en el curso de la instrucción se determinará oportunamente si sus conductas son pasibles o no de ser atrapadas por algún otro tipo legal, además de los mencionados", sostuvo Canessa.

"Bengoa no puede evadir su responsabilidad pretendiendo desplazarla a sus superiores o subordinados, pues quedó probado que fue él y nadie más quien ideó la `nueva estrategia del arrendamiento en lugar de la compra por leasing, fue él quien convenció a sus superiores para que la autorizaran con fundamentos falaces, fue él quien luego seleccionó a las empresas y cuando sus superiores frente a las observaciones del Tribunal de Cuentas le piden explicaciones, produce informes en base a argumentos insinceros para lograr que se reiterara el gasto y que de ese modo, el Estado se siguiera perjudicando, (en lugar de rever el procedimiento) mientras los empresarios elegidos por él continuaban ganando", agregó.

Para la magistrada, es posible indicar que fue Bengoa "el responsable de que Sabid S.A. (la empresa de Felipe Ruiz) intermediaria en todas las negociaciones irregulares llevadas a cabo y de aceptar una facturación que no era la que correspondía según el dictamen del Tribunal de Cuentas, para lo cual contó con la colaboración de Gustavo Dalmonte y fue en consecuencia el responsable del beneficio obtenido por todas esas empresas a costas del perjuicio y daño al Estado consistente en el déficit de los casinos municipales".

Respecto al delito de conjunción del interés personal y público, la jueza indicó que Bengoa se interesó directamente en la contratación de González y Antúnez como sus asesores en los casinos municipales, "sin denunciar o informar los vínculos que los relacionaban personalmente con dichas personas interesadas en ser contratadas". González y Antúnez "designados por Bengoa para integrar la Comisión Asesora de Adjudicaciones aconsejaron adjudicar la licitación a empresas en las que trabajaban familiares suyos, interesándose indirectamente para obtener un provecho indebido para un tercero en un acto o contrato en el que debieron intervenir en razón de su cargo", expresó Canessa.

La jueza señaló que las pruebas solicitadas por las defensas son coincidentes en su mayoría en nuevas declaraciones y eventuales careos con Arana, Muñoz, Alberto Roselli y José Mujica, lo que será diferido a la etapa del sumario.

"El objeto de dicha prueba no es idóneo para desvanecer los elementos de convicción suficientes reunidos contra los indagados, sino que en todo caso, eventualmente, su objeto es determinar otras eventuales responsabilidades, para lo cual, habrá tiempo durante el sumario, ya que la indagatoria se encuentra en sus comienzos", destacó.

Por otra parte, la Lista 15 del Partido Colorado presentó ayer documentación del Tribunal de Cuentas según la cual los actuales ministros Mariano Arana (Vivienda) y María Julia Muñoz (Salud) firmaron gastos ordenados por el ex director de los casinos municipales, Juan Carlos Bengoa, cuando ocupaban los cargos de intendente y secretaria general de la comuna entre los años 2000 y 2005.

Esta documentación, según la Lista 15, contradice las declaraciones públicas de ambos jerarcas que deslindaron cualquier responsabilidad en las irregularidades en los casinos municipales que está investigando la Justicia.

"Arana y Muñoz firmaron la reiteración de gastos observados por el Tribunal de Cuentas. En consecuencia, le mintieron a la opinión pública porque conocían los gastos en contratos, y por eso deben dejar sus cargos", sostuvo el diputado José Amorín Batlle.

Los “quincistas” presentaron documentos del Tribunal de Cuentas, fechados entre 2002 y 2004, donde se observaron gastos derivados de la contratación del arrendamiento de máquinas tragamonedas para los casinos municipales a suscribirse con diversas empresas, gastos que fueron reiterados bajo las firmas de Muñoz y Arana.

"Cuando el Tribunal de Cuenta observa un gasto, el ordenador -la autoridad- debe estudiar a fondo el problema para ver si la irregularidad existe antes de reiterarla. Ellos (Arana y Muñoz) conocían este tema porque lo estudiaron y decidieron reiterar el gasto", dijo Amorín ayer en conferencia de prensa en el Palacio Legislativo, acompañado por los senadores Isaac Alfie y Juan Justo Amaro y el diputado Daniel Bianchi.

Amorín agregó que hubo "una enorme falta de capacidad de administración" por el mal funcionamiento de los casinos municipales, y que tanto Arana como Muñoz "son responsables de ineptitud y omisión". "La Justicia dirá si son responsables, también, de un delito", sostuvo Amorín.

La Lista 15 está pidiendo la renuncia de ambos ministros. "No pueden seguir un minuto más al frente de ministerios que manejan tanto dinero en presupuesto y con una actividad tan sensible", remató.

Un apéndice. Por su parte, el edil forista César García -uno de los denunciantes de las irregularidades en los casinos municipales-, dijo que le parece "lo más sano" que la Justicia se haya pronunciado sobre el caso Bengoa. "Esto es sólo un apéndice de una modalidad de administración política que generó pérdidas muy importantes que todavía quedan pendientes, como la de Carmitel, a la que se le dio el arrendamiento de 144 slots por 60 meses". Carmitel ex concesionaria del Hotel Casino Carrasco, a la que la Intendencia le rescindió el contrato.

García dijo que el ex intendente Arana "es responsable de su gestión, por tanto Bengoa es una parte de este tema". El edil consideró que el Frente Amplio "hasta ahora no ha asumido responsabilidades" y calificó de "grave" que el ex director general de Casinos del Estado haya sido procesado por un delito de fraude.

Un informe entregado a la jueza Canessa por las contadoras del ITF, Elida Pardo y Paula Barbagelata indica que las incongruencias en la información proporcionada por la IMM se reiteran en varias empresas. Para las profesionales, es imprescindible obtener de la IMM la información que se le requiere, debidamente avalada por las máximas autoridades. Por eso la jueza ordenó que en febrero se constituyan en el municipio. Difieren los datos suministrados por la comuna en tres informes, el último en diskette y sin firma de un responsable.