Además, indicó que los aparatos ingresaron legales al país, pues cancelaron todos los impuestos.
El fallo no terminó allí, ya que el juzgado indicó que las máquinas deberán ser devueltas a sus propietarios, pero que antes deberán retirar los mecanismos receptores de dinero.
La Fiscalía dijo no compartir la decisión del tribunal porque de forma tácita la ilegalidad de las máquinas fue reconocida.
Los acusados fueron capturados en septiembre de 2006 cuando la Policía allanó 18 comercios en el centro de San Salvador. En esa oportunidad, las autoridades decomisaron 212 tragamonedas.