La formación política defiende la definición de un régimen legislativo para acabar con el vacío jurídico de esta modalidad de azar. Entre sus propuestas figuran otorgar al Estado amplias competencias en la materia y dejar la misma función para los gobiernos regionales en determinados casos como el tratamiento publicitario o la oferta de servicios al cliente.
Se insta a que sean los Tribunales de Justicia los que decidan el cierre de determinadas páginas Web que no se ajusten a la legalidad así como la confiscación de contenido escrito o audivisual empleado de forma ilícita. Demandan retener datos de los operadores por espacio de 12 meses para investigar en ese tiempo posibles delitos y poder identificar al usuario de la terminal.