La decisión de los ediles del gobierno para apresurar la concesión del casino se cierne sobre los resultados de la mala gestión de los casinos municipales que en cinco años perdieron U$S 16 millones. Al margen de las investigaciones judiciales a los funcionarios a cargo de los casinos municipales durante el referido quinquenio por el deficiente manejo de los casinos bajo control de la Intendencia Municipal de Montevideo, tanto sectores políticos como empresarios han reclamado que los casinos pasen al sector privado, ya sea mediante concesión o licitación.
Ante la protesta de políticos de la oposición, quienes insisten que no empiece el proceso privatizador hasta que el Tribunal de Cuentas no se pronuncie sobre la propuesta de concesión, Curuchet dijo que “los tiempos empresariales son distintos a los políticos”, insistiendo que “la Junta debe aprobar la propuesta, para que el ejecutivo comunal pueda realizar el llamado a licitación”.
Como en este tipo de votaciones no se requiere de mayorías especiales, se indicó que: “al existir acuerdo en el oficialismo se da por descontada su aprobación.”
Sin embargo, los políticos de oposición, quienes cuestionan la legalidad de la Intendencia sobre la legalidad del llamado a licitación, argumentan que mientras se investigan las presuntas irregularidades ocurridas en las salas de juego de la capital uruguaya, los personajes investigados por el Poder Judicial como Juan Carlos Bengoa, ex director de los casinos municipales, y actual director de Casinos del Estado, no tengan relación alguna con dicho proceso.