Chile: buscan mejorar las adjudicaciones para nuevos casinos

La nueva normativa busca perfeccionar la hoy vigente, evitando costos inútiles, agilizándola, mejorando el control desde la etapa de instalación y recurriendo a amonestaciones y multas en vez de revocaciones de permisos, al tiempo que se imponen más restricciones a los postulantes y se limitan las facultades discrecionales de la Superintendencia de Casinos y Juegos, organismo que, en general, ha sido mal evaluado (en 2006 fue clasificado por la Dirección de Presupuesto como el cuarto peor).

El diputado Lorenzini, que preside la comisión investigadora de la Cámara, ha señalado que el informe presentado por Hacienda es prematuro y que se debería haber esperado algún tiempo para consensuar la reforma.

Ésta ha sido criticada por dicho parlamentario y por la bancada DC, por no considerar las propuestas ligadas con la concentración de la propiedad, algo que carece de sentido, como lo ha hecho notar el diputado Claudio Alvarado (UDI), quien ha señalado que esta actividad productiva debería estar sometida sólo a las mismas reglas y restricciones del resto de la actividad empresarial. Es también la posición de Hacienda la encargada del tema, María Olivia Recart, ha mostrado una favorable disposición a discutir todas las propuestas de reforma.

La seguidilla de dificultades, problemas y hasta arbitrariedades que se han observado y que concluyeron en la investigación parlamentaria y en este proyecto de reforma, es habitual cuando el Estado planifica la expansión de un sector productivo (en este caso, casinos y juegos de azar), que debiera desarrollarse con la misma lógica libre del resto de la economía. No se advierte ninguna ventaja especial en este control, ni tampoco en fijar un número arbitrario de establecimientos. Se trata de un “modelo de competencia monopólica desconcentrada geográficamente”, al decir de María Olivia Recart, que, en todo caso, no presenta problemas derivados de una supuesta concentración. De darse ésta, debería ser denunciada al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia.