Edición Latinoamérica
12 de Julio de 2020

Aunque hubo sólo tres votos a favor de los cinco magistrados del Tribunal de Justicia

España: rechazan suspender el concurso del Casino de Lloret de Mar

(España).- La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña decidió no suspender cautelarmente la efectividad del concurso convocado por la Generalitat para la adjudicación de la licencia de explotación del cuarto casino de Cataluña. Sin embargo, el auto dictado por el tribunal se produjo con sólo tres votos a favor de los cinco magistrados que lo componen y dos en contra.

E

l grupo PGP (Planeta, Godó, Peralada) había presentado el pasado mes de febrero un contencioso administrativo contra el concurso de adjudicación del nuevo casino de Lloret de Mar, que el Govern de la Generalitat concedió finalmente al grupo Atzària.

En el auto, dictado el pasado día 28 de junio, los tres magistrados del tribunal consideran que no es éste el momento procesal oportuno para valorar sobre el fondo de la cuestión, es decir, para decidir si la adjudicación de la licencia por parte de la Generalitat se había hecho de manera correcta o no. Los magistrados consideran que es necesario esperar hasta el final de la tramitación del recurso contencioso “si procede” la anulación de la adjudicación impugnada por el grupo PGP.

Argumentan su decisión los magistrados señalando que “no existe perjuicio alguno” para la parte demandante que se pudiera derivar de la no suspensión cautelar de la adjudicación acordada por el Govern de la Generalitat.

No sostienen el mismo criterio que estos tres magistrados el presidente del tribunal y la magistrado ponente, que han hecho constar en los dos votos particulares que se recogen el auto su postura favorable a la suspensión cautelar de la adjudicación del concurso. Estos dos magistrados coinciden en apreciar “indicios sólidos” para la anulación, ya que consideran que posiblemente existen “vicios invalidantes” en la adjudicación del casino de Lloret de Mar.

Al mismo tiempo, consideran que se aprecian igualmente “perjuicios materiales evidentes” para todos los implicados en el proceso, los cuales se derivan de una resolución administrativa por parte de la Generalitat que presenta, según ellos, “evidentes vicios de nulidad”.

El auto dictado por el tribunal no despeja todas las dudas derivadas del proceso de adjudicación de la licencia del Casino de Lloret de Mar. En primer lugar, porque en los votos particulares el presidente y la magistrada ponente señalan vicios de nulidad y, en segundo, porque los otros tres magistrados reconocen ellos mismos en su fallo que no han analizado a fondo el tema, por considerar que éste no era el momento oportuno, pero que deberán hacerlo más adelante.

El proceso para la concesión de la licencia de explotación del cuarto casino de Cataluña comenzó a raíz del traslado del casino de Lloret a la ciudad de Tarragona por parte del grupo Peralada y del compromiso adquirido por el Govern de la Generalitat de conceder una nueva licencia de casino a la localidad turística de la Costa Brava, que había reclamado compensaciones por la marcha del casino fuera de Lloret.

Al concurso para la obtención de esta nueva licencia se presentaron cuatro grupos empresariales: Casa del Mar-Casino Costa Brava Lloret, Cirsa, PGP y Atzària. Los promotores de Casa del Mar eran un grupo de empresarios vascos y mallorquines; Cirsa, la multinacional catalana de juego que preside Juan Lao, se alió con la cadena hotelera Cotursa para este proyecto; la sociedad PGP la formaron los grupos Planeta, Godo y Peralada; y finalmente, Atzària resultó ser un grupo empresarial participado por Conei Corporació, MGA-New Park, Binelde y el grupo hotelero Guitart Hotels.

El día 6 del mes de octubre del pasado año, la Generalitat anunció la concesión de la licencia de explotación del nuevo casino de Lloret de Mar al grupo Atzària. Tras conocerse el fallo, los grupos Casa del Mar y PGP presentaron recurso ante la Generalitat en el que mostraban su desacuerdo con los criterios de valoración aplicados. Tres ser rechazado éste por el Govern, el grupo PGP decidió llevar el caso a los tribunales de justicia.

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