Hacienda vigila de cerca la actividad de estas compañías, considerada ilegal por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2007. El contenido de esta norma modificó la legislación sobre la represión del contrabando, y prohibió en todo el territorio nacional, con efectos desde el 1 de enero de este año, “la venta, importación, circulación y producción de billetes, boletos, sellos o cualquier otro soporte de loterías, apuestas y demás juegos organizados o emitidos por personas o entidades extranjeras”.
Es el carácter foráneo de las empresas que gestionan las apuestas por Internet en España (ya hay 15 asociadas) lo que ha forzado a Hacienda a tomar cartas en el asunto. Máxime cuando la Fiscalía ha iniciado un expediente para investigar si el sector debe ser sancionado por contrabando y si, para eso, ordena a la Dirección General de Aduanas que actúe como órgano competente, según fuentes jurídicas.
A este frente se acaba de sumar el Defensor del Pueblo, que ha decidido abrir otro expediente tras las denuncias remitidas por Femara, la federación que agrupa a los empresarios de máquinas recreativas.
El conjunto de entidades dedicadas a las apuestas online tiene la sede social en paraísos fiscales o en países europeos como Malta. No cuentan con una regulación y, por tanto, con licencias, lo que significa que tampoco están sujetas al fisco.