Los procuradores de la República Luiz Fernando Lessa y José Augusto Vagos también quieren que sean cancelados los registros ya efectuados. Según el Ministerio Público, la Ley 9.982/2000 determinó el término de las autorizaciones para el funcionamiento de bingos en el país el 30 de diciembre de 2002.
A partir de ahí, esas salas de bingo pasaron a no tener una legislación que regulara su funcionamiento. El Ministerio Público cita también la Ley de Contravenciones Penales, que prohíbe la explotación de juegos de azar y que garantiza que los juegos de sorteos deben ser explotados únicamente por loterías federales.
Los procuradores de la República también recomiendan que el Departamento Nacional de Registros de Comercio le de las mismas instrucciones a las juntas comerciales de los demás Estados brasileños. La Junta Comercial y el Departamento Nacional de Registros de Comercio tiene 60 días para informarle al Ministerio Público el complimiento de la recomendación.