De acuerdo con el organismo, dirigido por Daniel Olivares Villagómez, el caso del juego de “La Bolita”, prohibido por la Ley de Juegos y Sorteos vigente, revela que, en esta materia, “los funcionarios de Gobernación no velan por los intereses de la sociedad”, sino que actúan “con total impunidad y negligencia”.
“En la práctica, apoyan los intereses de camineros y de los operadores clandestinos de sorteos que perjudican a la Lotería Nacional y a Pronósticos Deportivos para la Asistencia Pública”, afirmó Olivares Villagómez.
En la denuncia, de la que Apro tiene copia, se señala que, por ejemplo, en el área de recepción del consultorio 3 de la clínica 25 de Guadalajara se expende el juego de “La Bolita”, así como en otros sitios de Mérida, Villahermosa, Veracruz, Cancún y Puebla.