Roberto Varela, director de Asuntos Gubernamentales del organismo, señaló que si se instalan 9.000 terminales de videolotería, los casinos, cuyos ingresos dependen en un 80% del mercado local, perderían la mitad de sus ingresos equivalentes a U$S 119 millones.
“Aquí lo que se pretende es legislar máquinas de juegos de azar como la de los casinos sin tener que cumplir con los requisitos con los que cumplen los casinos”, dijo.
Según Varela, esta medida no solucionará el problema creado por las más de 30.000 máquinas de entretenimiento ilegales que existen en Puerto Rico. Señaló que si el gobierno desea atender este asunto, lo que debe es exigirle al Departamento de Hacienda es fiscalizar las máquinas que ya existen y conocer cómo operan.
El presidente de la Comisión Cameral de Hacienda, Antonio Silva, resaltó que precisamente la discusión del proyecto propiciará el que se evalúen los mecanismos de fiscalización del gobierno a esta industria que posiblemente redundará en un mayor control del manejo de las máquinas de entretenimiento ya instaladas en los comercios alrededor del país.