Edición Latinoamérica
23 de Octubre de 2020

La medida puede amenazar 40 mil empleos

Brasil: prohíben los tragamonedas en bares de Río de Janeiro

(Brasil).- La Municipalidad de Río de Janeiro cerrará los establecimientos que posean máquinas tragamonedas. La medida fue tomada por decreto, luego de una recomendación del Ministerio Público Federal. La licencia de comercio será quitada a quien reincida en la infracción. La policía estima que hay 50 mil slots en Río.

E

l oficio del Ministerio Público (MP) fue enviado al intendente Cesar Maia con la denuncia criminal basada en la Operación Gladiador, hecha por la Policía Federal en diciembre. El blanco de las investigaciones eran bandas que explotaban las tragamonedas. En esa época, diversos bingos fueron cerrados. “Recibí la investigación completa y la solicitud de adoptar la prohibición. Se hizo una lectura cuidadosa por parte de la Municipalidad. En relación a los bingos, las informaciones eran insuficientes y están siendo profundizadas por nuestra área jurídica”, detalló Cesar Maia.

Aunque la explotación de las máquinas esté relacionada a delitos como la corrupción, lavado de dinero y homicidio, el intendente no teme desencadenar una guerra: “no le corresponde a la Municipalidad ser policía. La prohibición tiene carácter jurídico”. Para el coordinador de Licenciamiento y Fiscalización de la Secretaría Municipal de Gobierno, Luiz Felipe Gomes, la medida podrá estimular el combate al crimen: “nuestra fiscalización es en las empresas. Si empresario están siendo coaccionados (a mantener máquinas), tendrán que recurrir a la delegación”, aclaró.

La fiscalización no tendrá apoyo policial. “De haber resistencia, pediremos ayuda a la policía para cerrar el establecimiento”, adelantó el intendente.

A pesar de ser puntos en donde se concentran las tragamonedas, las 600 comunidades carenciadas cariocas no serán fiscalizadas por ser de difícil acceso. El bar tendrá que entrar en la Justicia para mantener las máquinas funcionando, pues el decreto no prevé recursos administrativos.

Según la policía, en los pequeños comercios del suburbio, hasta el 80% del espacio está reservado para máquinas y apenas el 20% para mercaderías. Una tragamonedas puede rendir R$ 5 mil por mes, y el comerciante recibe comisión de hasta el 30% de la recaudación.

El sindicato de los Hoteles, Restaurantes, Bares y Similares de Río afirma que los bares con tragamonedas son minoría entre los 17 mil establecimientos de la ciudad. Para el sindicato, aquel que no cumple debe ser punido.

El decreto contra las tragamonedas hace más rigorosa la punición para quien incumpla la Ley de Concesión de Permisos. En vez de la actual multa de R$ 438 a cada infracción cometida, la prefectura (a través de las 19 contralorías de la Coordinación de Licenciamiento y Fiscalización) va a notificar al comercio de la irregularidad. El aviso será también por publicación en el Diario Oficial. El propietario tendrá 15 días para retirar la máquina de su establecimiento. Caso contrario, tendrá su permiso de funcionamiento suspendido por 30 días.

“A veces, para el dueño del establecimiento, valia la pena pagar la multa. El decreto crea instrumentos jurídicos más fuertes”, explicó el coordinador de la fiscalización, Luiz Felipe Gomes.

La segunda vez que el comercio sea flagrado, el permiso será retenido definitivamente. Lo mismo ocurrirá se algún menor de 18 años estuviera usando las máquinas tragamonedas, hecho que lo convertiría en una infracción más grave.

Aunque la concentración de tragamonedas esté en las zonas Norte y Oeste, donde cerca del 70% de los bares tiene máquinas, las acciones fiscalizadoras se realizarán simultáneamente en todos los barrios. Por lo que las salas de bingo no serán el blanco de los fiscales. La cuestión está en análisis de la Procuraduría General del Municipio.

La fiscalización de las tragamonedas será movida principalmente por denuncias y por informaciones llevadas a la Policía Civil. Pero también estará incluida en los ítems de la inspección de rutina de los fiscales del municipio, como condición para la concesión o no del permiso de funcionamiento.

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