Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

Tucumán, Argentina

La Justicia Federal tucumana ordena que no se cobre el Tributo de Emergencia a las slots de Casino Club

(Argentina).- La Justicia Federal ordenó al municipio de la capital de la provincia de Tucumán que se abstenga de cobrar el Tributo de Emergencia a Casino Club. La firma privada objetó el monto de $ 700 (U$S 225) mensuales por cada máquina, que había sido establecido en la ordenanza tarifaria.

L

a Municipalidad de la capital de Tucumán sufrió el primer traspié en su objetivo de aumentar la recaudación por medio del nuevo Tributo de Emergencia Municipal (TEM). La Justicia Federal hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la empresa Casino Club SA, que planteó la inconstitucionalidad y la nulidad de los montos fijados para las tragamonedas ($ 700 -U$S 225- mensuales por cada máquina).

Marta Abregú de Padilla, que subrogó al juez federal Jorge Parache durante parte de la feria de enero, ordenó al municipio que se abstenga de cobrar el TEM a la empresa concesionaria de juegos de azar hasta tanto sea resuelta la cuestión de fondo. La decisión alude a la ordenanza 3.807, que el intendente, Domingo Amaya, promulgó el 29 de noviembre de 2006.

Con el patrocinio del abogado Luis Alberto Gamboa, la firma patagónica recurrió al tribunal federal y fijó domicilio en la ciudad de Comodoro Rivadavia, en Chubut. Entre los argumentos de la demanda figura el hecho de que la competencia (regulación, administración y control) del juego de azar es materia reservada a las provincias, no siendo facultad ni original, ni natural, ni propia de los municipios, según un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de octubre de 2004, en la causa “Cadegua SA contra la Municipalidad de Junín”.

La empresa también aseveró que “la norma legal de creación del tributo es inconstitucional por violentar el principio de doble imposición con grave afectación del derecho de propiedad”.

Asimismo, cuestionó la técnica legislativa empleada para crear el TEM. “No pueden quedar dudas de que se trata de un impuesto, al igual que el provincial sobre los ingresos brutos. No se trata de una tasa, ya que no hay servicio real y concreto en contraprestación, como tampoco de una contribución especial por cuanto tampoco hay un servicio que potencialmente pueda dar una ventaja al contribuyente”, detalló el letrado en la demanda que efectuó el 16 de enero de este año.

Gamboa también precisó: “el pretendido tributo se da de bruces contra lo acordado por el artículo 7º del “Pacto Federal” (decreto 1807/93, ratificado por la Provincia), mediante el cual las provincias adheridas se comprometieron a unificar los impuestos sobre los Ingresos Brutos, a fin de sustituirlo por uno general al consumo que tienda a garantizar la neutralidad tributaria y la competitividad de la economía”.

Abregú de Padilla concluyó que, en el caso, estaban dados los dos requisitos para la procedencia de la medida cautelar: verosimilitud del derecho invocado y urgencia en el dictado de la medida. En relación con lo primero y tras aclarar que su decisión no implicaba prejuzgamiento, consideró como plausible el análisis efectuado por la demandante sobre las normas cuestionadas. “El presupuesto de ‘apariencia del buen derecho', que exige la ley procesal, concurre en esta acción, resultando idónea para neutralizar, por ahora, la presunción de legitimidad y de constitucionalidad de las disposiciones cuestionadas mediante la presente acción”, manifestó.

En cuanto al segundo requisito (la urgencia), la magistrada tuvo en cuenta “el tiempo que puede durar la acción de fondo”. “Los recaudos de las medidas cautelares aparecen de tal modo entrelazados que, a mayor verosimilitud, cabe no ser tan exigentes en la apreciación del peligro del daño y viceversa; cuando existe el riesgo de un daño extremo e irreparable el rigor del ‘fumus' (humo de buen derecho) se puede atemperar”, destacó.

La idea del intendente, Domingo Amaya, era aumentar la recaudación. Con esa premisa apuntaba, a fines de 2006, a los comerciantes y a los empresarios, a partir de la creación del Tributo de Emergencia Municipal (TEM).

La base de la iniciativa puso en la mira a las pequeñas y grandes empresas, que no pagaban la Tasa sobre las Actividades Comerciales, Industriales y de Servicios (Tacis).

La mayoría de los empresarios y comerciantes recurrió a la Justicia para que se declare la inconstitucionalidad del Tacis, y en tribunales les dieron la razón. Según dijo el gobernador, José Alperovich, a los empresarios, había más de 500 grandes empresas que no pagaban el Tacis.

De ese modo, se derogó el Tacis y se creó el TEM por cinco años. Pero el escándalo estalló en el Concejo Deliberante, cuando el oficialismo, junto al edil Hugo Danesi (ex Ciudadanos Independientes), aprobó una rebaja del tributo por las tragamonedas.

En aquel momento fue reducido de $ 700 mensuales (U$S 225) a $ 90 (U$S 29) por cada tragamonedas. La polémica creció hasta el punto de que Amaya y el propio gobernador, José Alperovich, pidieron que se retomara el valor de $ 700 mensuales. Así quedó establecido, pero ahora, como consecuencia del fallo de la Justicia Federal, surgió un nuevo obstáculo para aumentar la recaudación en el municipio.

En noviembre de 2006, cuando el intendente Domingo Amaya presentó su plan tributario, el sector empresarial cuestionó el proyecto de creación del Tributo de Emergencia Municipal (TEM) y, en aquel momento, pronosticó que habría planteos judiciales.

En medio de la polémica, el 13 de noviembre de 2006, el presidente de la FET, Julio Colombres, hizo públicas sus predicciones sobre el caso.

“Habrá acciones concretas de cada empresa, porque no existen servicios reales, y hay una ausencia de la emergencia que se expresa. Además, se viola la ley de coparticipación, que impide cobrar dos impuestos sobre la misma cosa. Ese es uno de los temas, porque la Municipalidad está siendo condenada, en las demandas que actualmente se le hacen por el Tacis, por pretender cobrar una tasa sin brindar, como contrapartida, un servicio”, afirmó en aquel momento el empresario.

Ese mismo día, el Colegio de Graduados en Ciencias Económicas, por su parte, planteó sus dudas sobre la declaración de “emergencia” para crear el tributo. “No sabemos si hablar de emergencia es correcto en momentos de elevada recaudación”, advirtió el año pasado. Sin embargo, pidió tiempo para estudiar el tema en profundidad.

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