Esta ley, que fue diferida el pasado martes en su segunda discusión, establece que los operadores de loterías y explotación de salas de bingo deberán cancelar entre 10 y 15% de sus ganancias brutas y entre 150 y 350 Unidades Tributarias por cada una de las mesas instalada en los casinos.
El Servicio Nacional de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) ha esperado mucho esta ley, pues aducen que por este concepto se dejan de recaudar unos 300 mil millones de bolívares anuales (U$S 139.807.997). Sin embargo, los legisladores no han dado la celeridad suficiente a la normativa legal y desde 2006 vienen dilatando esta discusión.