De acuerdo con el mandatario, las normas salvadoreñas prohíben el empleo de las tragamonedas, las cuales son alteradas ilegalmente por lo que serán sacadas de circulación con independencia del lugar donde se encuentren funcionando.
Sin embargo, Safie apuntó que los equipos que operan en los casinos a lo largo y ancho del territorio salvadoreño no serán retirados porque existe un régimen especial que permite su funcionamiento en esos negocios, donde son legales.
El funcionario explicó que para que estas máquinas sean ilegales tendrían que modificarse las ordenanzas municipales, lo cual requiere una revisión del régimen jurídico.
Según datos oficiales, hasta el jueves 1 de febrero la policía había incautado 1.300 máquinas, operativo que se encuentra actualmente a la espera de un fallo de la Corte Suprema de Justicia.
El debate crece por días en torno al uso o prohibición de dichos aparatos, cuyo decomiso fue momentáneamente detenido ante el reclamo de propietarios inconformes, quienes sostienen que pagaron los impuestos al fisco para su introducción al país.