La Suprema Corte de Justicia de México discutirá la Ley de Juegos y Sorteos

La ministra ponente del proyecto de resolución, Olga Sánchez, expuso al pleno una propuesta que establece declarar constitucionales la mayoría de los artículos de esta ley, en excepción de los que se refieren a la autorización de juegos instantáneos.

El proyecto fue aplazado para su discusión el 25 de abril de 2005, cuando a petición de los ministros Genaro Góngora Pimentel y Juan Díaz Romero se ordenó una investigación a fondo para elaborar el dictamen que regula los juegos de azar, con apuestas y los sorteos.

El proyecto de Sánchez Cordero, que será sometido a votación de los 11 ministros, avala la expedición de permisos por el Ejecutivo federal para nuevos juegos y sorteos, pues señaló que es una facultad discrecional que se ejerce a través de la Secretaría de Gobernación.

Dijo que la autorización de la dependencia federal tiene que tomar en cuenta los requisitos reglamentarios para la instalación de casas de juego, que deberán apegarse a los lineamientos que verificarán inspectores, órganos y comisiones de la Segob.

La ministra ponente subrayó que el análisis del proyecto de la controversia 97/2004 sólo analiza la constitucionalidad de los artículos decretados por el Ejecutivo en la materia y no la legalidad de los permisos, ni actos administrativos a través de los cuales se otorgan a los particulares dicha autorización.

Añadió que mientras el Congreso reclamó la totalidad del reglamento de Ley Federal de Juegos y Sorteos, “lo cierto es que en realidad sólo se reclaman algunos artículos y no el reglamento en su integridad”.

Los integrantes del máximo tribunal del país deberán mañana pronunciarse sobre si con la publicación del reglamento hubo exceso a los límites de la facultad reglamentaria y división de poderes, que a decir de los legisladores incurrió el Ejecutivo federal.

Asimismo, si la creación de un Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos es indebida de las autoridades y si los sorteos instantáneos contravienen normas en materia de propiedad intelectual, conceptos que dieron origen al proyecto de la ministra.