Edición Latinoamérica
29 de Noviembre de 2020

Revés para Thunderbird en sus presentaciones judiciales

Chile: la Contraloría confirma la legalidad de la actuación de la Superintendencia de Casinos

(Chile).- La Contraloría rechazó todas las presentaciones de Thunderbird Rancagua S.A. y Thunderbird Talca S.A., y validó los actos de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) de septiembre y diciembre de 2005. También estableció la legalidad del rechazo efectuado por el Superintendente en septiembre de 2006, a las peticiones efectuadas por ambas sociedades de invalidar sus decisiones de 2005.

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a Contraloría General de la República de Chile resolvió las presentaciones efectuadas por Thunderbird Rancagua S.A. y Thunderbird Talca S.A. en agosto, septiembre y octubre pasados, las cuales pretendían que, debido a la no inclusión de Thunderbird, se declarara ilegal el actual desarrollo del proceso en las regiones Sexta y Séptima, se revisara la legalidad del proceso ya concluido en seis regiones del país con 10 permisos de operación adjudicados, y se iniciaran sumarios administrativos contra el Superintendente por aplicar la Ley N° 19.995 al no permitirles el ingreso al Proceso 2005-2006 en septiembre de 2005.

En su pronunciamiento de legalidad, la Contraloría coincidió plenamente con lo actuado por la Superintendencia desde el 1 de septiembre de 2005, respecto de sus decisiones administrativas de no incluir a Thunderbird por haber sido las únicas sociedades que no cumplieron con el requisito legal de suscribir y pagar el 50% de su capital social al momento de la constitución de sus sociedades (artículo 17 letra c), Ley N° 19.995).

Las seis sociedades Thunderbird fueron informadas por la Superintendencia el 1 de septiembre de 2005, que legalmente no debían ser consideradas como postulantes al Proceso 2005-2006 ya que, de un total de 48, eran las únicas que no cumplieron con el requisito legal que establece como sanción “tener por no presentada” la solicitud de permiso de operación. La Contraloría en su pronunciamiento de legalidad concluyó que el organismo regulador “se ha ajustado a derecho al interpretar el artículo 17 letra c) de la Ley Nº 19.995, en lo relativo al monto del capital que debe estar suscrito y pagado al momento de la constitución de la sociedad”. “Todas las empresas no vinculadas con las recurrentes (Thunderbird) (…) hicieron la misma interpretación” del artículo 17, letra c), “puesto que habían suscrito y pagado, en la escritura pública respectiva, el cincuenta por ciento o más de su capital social, y no de las 10 mil UTM como pretenden las recurrentes”.

Adicionalmente, la Contraloría se pronunció respecto del reconocimiento efectuado por Thunderbird el 12 de diciembre respecto de su incumplimiento legal, y su contradicción posterior, estableciendo que las sociedades “aducen que, por un error, se había omitido acompañar los instrumentos denominados Pagos de Acciones, con los cuales se hacía cumplimiento del entero porcentual ya referido de los respectivos capitales sociales (…), pero “al momento de presentar los recursos de revisión” ante la Superintendencia el 2 de septiembre de 2005, “hacían la misma interpretación del artículo 17, letra c), puesto que no cuestionan las causas legales que fundaron la devolución de sus antecedentes (…) esto es, asumen como válida la interpretación de la Superintendencia”.

El 14 de agosto pasado, es decir, tres meses después de que la Corte Suprema le diera la razón a la Superintendencia, Thunderbird Talca y Rancagua le solicitaron al Superintendente que invalidara las decisiones de septiembre y diciembre de 2005 que determinaron el incumplimiento legal del pago del 50% de su capital social al momento de constituir las sociedades. El 6 de septiembre la Superintendencia rechazó las peticiones, frente a lo que las dos sociedades Thunderbird le solicitaron a la Contraloría que se pronunciara respecto de la obligación que, a su juicio, tenía el superintendente de inhabilitarse para resolver. Con el mismo argumento de inhabilidad, el 26 de octubre Thunderbird Rancagua presentó una querella por prevaricación administrativa en contra el superintendente. Según Thunderbird, la supuesta inhabilidad se basaba en el hecho de que Thunderbird IEG S.A. (Algarrobo) había presentado el 18 de junio una demanda de nulidad de derecho público contra la Superintendencia por exactamente las mismas decisiones administrativas de 2005.

Frente a la supuesta inhabilidad del superintendente, la Contraloría estableció en su pronunciamiento de legalidad que, en su actuación mientras se tramita la demanda de nulidad de derecho público, la autoridad reguladora no sólo “ha ejercido las atribuciones que le han sido asignadas como Jefe Superior y representante legal de la Superintendencia” sino que, además, “no resulta procedente entender que la existencia del referido litigio, haya inhabilitado al Superintendente (…) para conocer, en virtud del ejercicio de dicho empleo, de las solicitudes de suspensión e invalidación” presentadas por Thunderbird. Lo anterior, debido a que la acción administrativa de rechazar las peticiones efectuadas por Thunderbird, “se encuentra única y exclusivamente basada en hechos relacionados directamente con el ejercicio de las funciones propias del organismo regulador”.

Cabe recordar que las decisiones administrativas adoptadas por la Superintendencia el 1 de septiembre y el 12 de diciembre de 2005, fueron recurridas judicialmente el 23 de diciembre de 2005 por las seis sociedades Thunderbird, argumentando la existencia de un informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que legalmente no tiene carácter de vinculante u obligatorio, acción judicial que además fue presentada por las sociedades 99 días fuera del plazo máximo de 15 días estipulado para interponer ese tipo de recursos. Adicionalmente, presentaron seis órdenes de no innovar, de las cuales sólo fueron aceptadas tres correspondientes a las regiones Quinta, Sexta y Séptima. Como correspondía administrativamente, la Superintendencia suspendió en esas regiones el cómputo de los plazos legales que rigen el proceso.

El 10 de febrero, después de haber retirado 2,7 millones de dólares correspondientes a las boletas de garantía bancaria y a los depósitos de 1.000 UTM, Thunderbird Concepción S.A. y Thunderbird Temuco S.A. se desistieron de sus recursos de protección ante la Corte de Apelaciones. El 13 de febrero, las sociedades solicitaron a la Corte de Apelaciones sancionar al Superintendente por continuar el proceso en el resto del país, a pesar de que la Corte de Apelaciones sólo en tres regiones había aceptado las órdenes de no innovar. El 28 de febrero, el tribunal de alzada rechazó las solicitudes de sanción presentadas por Thunderbird contra el Superintendente, validando lo actuado en cuanto a que el Proceso 2005-2006 continuara normalmente en las regiones Segunda, Tercera, Octava, Novena, Décima y Duodécima debido a la inexistencia de órdenes de no innovar. Conforme a ello, en cumplimiento del objetivo del Estado de Chile de fomentar el crecimiento y desarrollo económico regional, a través del cumplimiento del proceso de apertura reglada de mercado de casinos de juego ordenada por la Ley N° 19.995, dicha fase del proceso ya fue concluida en julio y agosto pasados, con 10 permisos de operación otorgados por el Consejo Resolutivo, lo cual implica una inversión en regiones y a nivel nacional de U$S 353 millones y la generación de cinco mil empleos directos permanentes.

El 5 de abril de 2006 la 7ª Sala de la Corte de Apelaciones declaró admisibles los recursos de protección interpuestos por Thunderbird, y las sociedades nuevamente pretendieron judicialmente que fuera paralizado el Proceso 2005-2006 en todo el país. La Superintendencia ejerció su derecho y obligación a apelar ante la Corte Suprema, y el 31 de mayo el máximo tribunal del país dictó sentencias definitivas y favorables a la Superintendencia, desestimando en todas sus partes los recursos de protección interpuestos por las sociedades Thunderbird Antofagasta S.A., Thunderbird IEG S.A. (Algarrobo), Thunderbird Rancagua S.A. y Thunderbird Talca S.A. Los ministros titulares de la Tercera Sala del máximo tribunal, Ricardo Gálvez, Milton Juica, María Antonia Morales y Adalis Oyarzún, con el único de minoría el del abogado integrante José Fernández, resolvieron que los recursos fueran rechazados por extemporáneos. Fue así como el 1 de junio, la Superintendencia reanudó el proceso en las regiones Quinta, Sexta y Séptima, el cual actualmente se encuentra en etapa legal de resolución hasta el 1 de enero de 2007.

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