Parlamentarios de Renovación Nacional, encabezados por el diputado Pablo Galilea, solicitarán al Gobierno la entrega de diversos antecedentes, ya que a su juicio hay “irrefutables anomalías, cosas raras” en la entrega de licencias.
A la sesión de ayer concurrió el ex jefe del departamento de administración y finanzas de la SCJ, Fernando Escobar, quien señaló que hubo irregularidades y discriminación entre los postulantes a la licitación.
Según Escobar, el grupo Cirsa ocultó en su postulación que tenía juicios en España, situación que generaba su descalificación. De acuerdo al ex funcionario, no dio a conocer esto a los tribunales “ya que a mí no me compete informarlos de esto”.
Su participación no estuvo exenta de polémica, ya que las periodistas de la SCJ se encontraban al interior de la comisión. Al darse cuenta Escobar de esto, se negó a hablar hasta que no hicieran abandono de la Sala.
Galilea indicó que pedirá que en las próximas sesiones no haya representantes de la SCJ, para que “las personas que van a declarar se sientan libres y no se sientan presionadas”.
El presidente de la comisión investigadora, Pablo Lorenzini, sostuvo que por acuerdo unánime se solicitó que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) envíe el informe que preparó respecto de la empresa Thunderbird y que la instancia está analizando la conveniencia de invitar a los actuales integrantes del CDE o a las personas que estuvieron presentes al momento de redactar el informe.
Así surge el nombre del ex ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, quien habría firmado el oficio del CDE y de la actual ministra secretaria general de la Presidencia, Paulina Veloso, quien lo habría redactado.
Lorenzini dijo que “hay versiones tan distintas, unas con interpretación, otras con documentos, que al final no veo la luz al final del túnel”.
La SCJ dijo sobre las declaraciones de Escobar que “resulta del todo improcedente que éste nunca haya puesto en conocimiento ni de los tribunales de justicia, ni de la Contraloría, ni de la Superintendencia, las acusaciones que planteó el 14 de octubre a través de un medio de prensa y hoy en sesión de la comisión investigadora solicitada por él mismo como reservada”.
El organismo público reiteró que “el ex funcionario denunciante jamás informó al organismo regulador que, como Jefe del Departamento de Recursos Humanos del Servicio de Salud de Coquimbo en 2004, fue sumariado por dicho servicio y finalmente destituido de su cargo como funcionario público en mayo de 2005”.