Edición Latinoamérica
29 de Noviembre de 2020

Declaraciones de Luis Bates, ex ministro de Justicia

Chile: "El proceso de casinos difícilmente podría ser más transparente"

(Chile).- El ex ministro de Justicia Luis Bates fue contactado por el Superintendente de Casinos, Francisco Leiva, y por el estudio que asesora a esta autoridad, Pfeffer & Asociados, para su representación en todas las aristas penales y criminales que tiene y tendrá el proceso de casinos.

L

a llegada del abogado Luis Bates, ex ministro de Justicia y ex presidente del Consejo de Defensa del Estado, podría interpretarse como un refuerzo al equipo jurídico de la Superintendencia.

“La percepción es que hoy, tanto el Superintendente como el Fiscal (Fernando Riveros) son objeto de una infinidad de acciones de tipo legal, administrativo, judicial y político, y pocas veces me ha tocado ver a funcionarios de alta jerarquía en la administración del Estado, que tengan que estar dedicando gran parte del día a responder este complejo de acciones; que se está dando por personas, instituciones o empresas muy poderosas”, comentó Bates.

¿En qué tipo de causas penales usted va a intervenir?

En informaciones de prensa se ha tratado de delincuente al Superintendente y al Fiscal. Me ha llamado la atención que algunos abogados que patrocinan estas acciones narran los hechos por la prensa antes que empiecen las investigaciones en tribunales.

¿Podría haber querellas?

El Superintendente me pidió una opinión jurídica sobre posible delito de injurias y calumnias. Por unas entrevistas que dieron dos personas naturales (el ex funcionario de la Superintendencia Fernando Escobar y un ex consultor externo Juan Carlos Léoz, que denunciaron supuestas presiones de Leiva en un matutino). Mi opinión legal es que hay mérito para ejercer acción penal por delito de injurias. Otro tema es la conveniencia de hacerlo. Toda esta situación es por el costo que tiene para un funcionario público de jerarquía aplicar la ley con independencia e imparcialidad. No vaya a ser cosa que lo que hay sean intereses en sacar a la autoridad del proceso, creándole situación de inhabilidad o implicancia.

Abogados defensores de algunas empresas han calificado de inepto al Superintendente. ¿Puede ser una mala gestión el origen del problema?

Lo han calificado de inepto, de delincuente, de corrupto, entre otras cosas. Para hacer el mal, para deshonrar a alguien, cualquier persona es poderosa. El Superintendente no tiene temor frente a eso. El problema es que le quedan pocas horas en el día para hacer su pega.

Con tanto recurso de las empresas, ¿no será que están viendo a un funcionario incapaz?

Tanto recurso demuestra que estamos frente a empresas muy poderosas. En la medida en que la autoridad no resuelva en favor de lo que éstas pretenden, van a hacer uso de todos los recursos legales o comunicacionales que el Estado de Derecho permita.

¿Le ha faltado apoyo político al Superintendente?

No sé si sea necesario. Cuando un funcionario es probo, honesto y ha actuado de buena fe y de acuerdo a la ley, ¿por qué tiene que estar recibiendo apoyos políticos?

Usted es “independiente”, ¿no le parece grave que un militante DC haya renunciado al partido por supuestas presiones para apoyar un determinado proyecto en la VI Región?

Eso es algo que he visto en la prensa. No me consta nada sobre eso.

La comisión investigadora de la Cámara de Diputados surge justo después que Léoz y Escobar hacen sus acusaciones por la prensa. ¿No debieron esperar que esas acusaciones llegaran a la justicia?

Me parece que lo que la Comisión hace está dentro de las facultades del Congreso; es una decisión legítima.

Parlamentarios han dicho que el proceso no ha sido transparente. ¿Cuál es su opinión, como ex presidente del capítulo chileno de transparencia internacional?

Eso se puede deber a falta de conocimiento del proceso mismo. Tengo la convicción de que cuando conozcan en plenitud el desarrollo del proceso, por ejemplo en la Comisión, van a cambiar de opinión. Yo que conozco el proceso puedo decir que difícilmente puede ser más transparente.

¿Le parece bueno el proyecto que pretende prohibir que empresas de casinos financien campañas políticas?

Como principio me parece bien. Ahora, el texto de ley habría que mirarlo con más cuidado.

Sobre el caso Thunderbird, la empresa sigue cuestionando que hayan sido marginados desoyendo un informe del Consejo de Defensa del Estado (CDE), organismo del que usted es ex presidente.

Los ministros de Estado o las autoridades pueden pedir una opinión jurídica al CDE. Esas opiniones no son obligatorias. Por muy que sean del Consejo, que ciertamente es un buen insumo. Pero es un elemento que tiene una autoridad frente a otros elementos que tiene para tomar su decisión. Es un insumo importante, no se lo niego, pero no obliga. No puede obligar.

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