En cumplimiento con una determinación de la 6ª Cámara Civil de la Justicia Federal de Puerto Alegre, 20 policías federales prestaron apoyo a un equipo de diez oficiales de justicia para lacrar las salas de bingo que continuaban en funcionamiento, a pesar de que ya habían sido notificadas para interrumpir sus actividades.
La jueza federal sustituta que expidió los mandatos, Ana Inês Algorta Latorre, determinó además el pago de una multa diaria de R$ 20 mil (U$S 9.350) en caso de reabrir los establecimientos. Además, según la PF, las cuatro salas clausuradas se suman a las seis lacradas en agosto en la Operación Víspora II (tres en Nuevo Hamburgo y tres en San Leopoldo) y a las nueve cerradas en Puerto Alegre en mayo, en la primera fase de la acción.
Las tres ediciones de la Operación Víspora cerraron 19 establecimientos en el Estado y fueron realizadas en cumplimiento de mandatos expedidos por la Justicia Federal, atendiendo a solicitaciones de la Abogacía general de la Unión (AGU) por medio de una Acción civil Pública.