Piden que se anulen los amparos a operadores de casinos y slots

El Mincetur demanda al Poder Judicial de Perú por los permisos judiciales a casas de apuestas

14-11-2006
Tiempo de lectura 1:17 min
(Perú).- El Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) de Perú ha demandado al Poder Judicial peruano, para que se anulen las acciones de amparo otorgadas a los propietarios de casinos y tragamonedas, según informó el presidente del Supremo, Walter Vásquez.

Vásquez calificó de “insólita” la demanda y precisó que fue interpuesta ante el Tribunal Constitucional con la intención de frenar las decisiones judiciales que impiden que los dueños de salas de juego paguen impuestos.

El presidente del Supremo dijo que “por primera vez en la historia de Perú, el Poder Judicial, como poder del Estado, es sometido a proceso por el Ejecutivo, representado en el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo”.

El presidente de la judicatura añadió que, de esta manera, “se establece una competencia donde el Tribunal Constitucional determinará si se anulan o no las resoluciones” del Poder Judicial. Además, Vásquez criticó que en la demanda del Ministerio se exija la anulación de resoluciones que ya tienen calidad de “cosa juzgada”.

Según información oficial, cerca del 55% de los casinos y salas de tragamonedas que funcionan en Perú funcionan sin permiso y sin pagar impuestos, gracias a las acciones de amparo que entrega el Poder Judicial.

La prensa política peruana señala que el Estado no puede cobrar a las empresas de juego 188 millones de soles (más de 58 millones de dólares), que representan el 72% de la deuda de dicho sector.

Debido a las acciones de amparo obtenidas por los dueños de los casinos y slots en juzgados de ciudades andinas como La Oroya, Acobamba, Yanahuanca y Picota, éstos no pagan impuestos. La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Mercedes Aráoz, explicó que la demanda busca “facilitar la formalización del negocio y darle la condición de actividad restrictiva que tiene en todo el mundo”.

“Ellos ponen denuncias y envían una carta a la Organización de Estados Americanos porque atacamos supuestamente sus derechos humanos, pero sencillamente buscamos que sea una actividad controlada y sin venta de amparos”, remarcó Aráoz.

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