La procuradora afirmo que va a aportar datos actualizados de la explotación de bingos y otros juegos de azar en el Estado y el constante combate de la institución en el sentido de prohibir los juegos.
La Adin fue llevada al STF por el procurador general de la República. Sin embargo, hace más de dos años está en trámite en el STF, sin que haya una definición. “Este moderno instituto que contribuye con la interpretación pluralista y de procedimiento de la Constitución, denominando amicus curiae (Amigos de la Corte), autoriza a permitir al Supremo Tribunal Federal a obtener subsidios técnicos sobre las implicaciones político-jurídicas y elementos de repercusión económica que puedan ser presentados por los amigos de la Corte”, explicó Ismael.
Janete Ismael recordó que el Ministerio Público de Paraíba combatió de forma constante la proliferación de las salas de bingo, máquinas electrónicas de video loterías y otras especies de sorteos que “atentan contra la economía popular”. Actualmente, tramitan en la Justicia Estatal ocho acciones pidiendo el cierre de bingos en funcionamiento en Paraíba. Sin embargo, tan sólo un juez se pronunció y concedió el cierre de una sala de bingo. Es por eso que las otras salas continúan funcionando.
La Ley .416/2003, según opina la procuradora general de Justicia, hiere frontalmente la Constitución Federal que no permite el funcionamiento de salas de juegos de azar.