El PLS 278/06 establece que la explotación de loterías efectuada por los estados y por el Distrito Federal podrá ser hecha directamente o mediante concesión. También determina su aprobación previa por la Caixa Económica Federal, que deberá rechazar productos de lotería estatales con características semejantes a los ya explotados por la institución.
Además del acuerdo con la propuesta, la premiación bruta de las loterías estatales no podrá ser inferior a 45% de su recaudación. Al menos el 25% del monto recaudado deberá ser destinado al fomento del deporte, a la seguridad social y a otros programas sociales de interés público, a ser definidos en la regulación de la ley. La prestación de cuentas de los recursos aplicados en estos programas deberá ser hecha a la Caixa.
Actualmente, sólo tienen autorización legal para funcionar las loterías estatales creadas hasta 1967, año en que fue editado el Decreto-Ley nº 204, que pasó a reconocer la explotación de loterías como servicio público exclusivo de la Unión. Además de no permitir la creación de nuevas loterías estatales, ese decreto determinó que las existentes hasta aquella fecha estarán prohibidas de aumentar sus emisiones, limitándose a las cantidades de billetes y series en vigor en la fecha de publicación de la ley.
Concluida en junio, la CPI de los Bingos fue propuesta a partir de la denuncia de corrupción envolviendo al ex asesor parlamentario de la Casa Civil de la Presidencia e la República y ex presidente de la Loterj (Lotería del Estado de Río de Janeiro), Waldomiro Diniz, y el empresario del sector de juegos Carlos Augusto Ramos, conocido como Carlinhos Cachoeira. Además de realizar más de 80 reuniones ordinarias y recoger más de cien declaraciones, la comisión elaboró proyectos de ley para reprimir los juegos de azar y endurecer las reglas de licitación pública.