Edición Latinoamérica
26 de Octubre de 2020

A través de una medida del Supremo Tribunal Federal

Brasil: La Justicia suspende la autorización de los bingos de Paraná

(Brasil).- La presidenta del Supremo Tribunal Federal (STF), la ministra Ellen Gracie, suspendió la decisión del Tribunal Regional Federal de la 2ª Región (TRF2) de Río de Janeiro, que autorizó la explotación del juego de bingo en Paraná. La medida fue requerida por el gobierno paranaense.

E

l alegato del gobierno estatal es que la decisión de permiso del TRF2, al autorizar el funcionamiento de bingos, provoca graves e irreparables lesiones al orden y la seguridad pública, una vez que las empresas involucradas pretenden desarrollar una actividad clandestina e ilegal, prohibida por el Decreto-ley 3.688/41, de Paraná. Según el gobierno, “centenas de apostadores perderán dinero, sin que, después, puedan ser resarcidos del valor perdido en consecuencia de la actividad ilegal”.

En su decisión, la ministra Ellen Gracie entendió que “la explotación del juego de bingo en el Estado de Paraná viola la orden jurídica”. Según Gracie, la “explotación de juegos de azar y loterías continúa siendo calificada como contravención penal”. Más que suspender la decisión del TRF, la ministra resaltó que la explotación de loterías y juegos de azar debe tener permiso del Estado, y que el TRF no podía diferir de la medida que viabilizase la actividad.

El procurador general del Estado, Sergio Botto de Lacerda, afirmó que la decisión sólo viene a colocar un punto final en una cuestión que ya estaba concluida. “El propio TRF ya se había pronunciado, anulando la decisión del permiso concedido. La decisión del Supremo sólo le da un fin definitivo al caso, que no pasó por malicia de los propietarios de bingos, que ya habían perdido la causa en Paraná y en San Pablo”, dijo el procurador. Los bingos en cuestión son el Bristol y el Aspen.

Para intentar reabrir las puertas de los establecimientos, los abogados de las salas consiguieron un permiso en el TRF, en Río de Janeiro, en mayo de este año. Desde entonces, los propietarios ensayaron la reapertura en algunas oportunidades, siempre impedidos por el efectivo de la Policía Militar, que garantizó las puertas cerradas e impidió la entrada de clientes. Ahora, la decisión es incuestionable, al no haber más recursos para revertir la decisión del Supremo.

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