l gobierno aprobó en el último Consejo de Ministros, celebrado el pasado 28 de julio, la asignación financiera de 15.132.157 euros a la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para compensar el resultado negativo de explotación correspondiente a 2004. La información no fue comentada por la ministra portavoz, María Teresa Fernández de la Vega, y tan sólo ocupaba escasas tres líneas en la referencia informativa que se entrega a los periodistas.
Desde hace casi una década, la ONCE no para de cerrar empresas y actividad. El gran grupo industrial se está disolviendo. La razón es que los ingresos ya no permiten aguantar los fastos de una organización creada por el poder. La competencia de la Primitiva, la Bonoloto y el Euromillón (la lotería realizada al mismo tiempo en Gran Bretaña, Francia y España) hacen menos atractivo el cupón de los ciegos que luchan ahora por poner de moda el rasca, la nueva lotería inmediata de la ONCE.
Pero mientras tanto, las pérdidas de 2004 son cubiertas por el Estado con una aportación superior a los 15 millones de euros. El gobierno, que había cedido la atención de los ciegos en la ONCE, se ve ahora obligado a satisfacer las pérdidas.
La ONCE consiguió la concesión administrativa del cupón a cambio de encargarse de la atención sanitaria y social de los ciegos. En principio un buen acuerdo, pero también con el gobierno a hacerle algunos favores a cambio de tener la exclusiva del juego entre los discapacitados. De esta manera, la organización de ciegos protagonizó una guerra financiera contra Escámez y entró de lleno en los medios de comunicación: Servimedia, Onda Cero y Tele 5.
A cambio, el gobierno se comprometía a dejar el juego en exclusiva de los ciegos. Incluso llegó a meter en la cárcel a los responsables de otros colectivos de discapacitados que osaron lanzar un cupón similar. Por lo que los otros discapacitados serían integrados dentro de la ONCE, pero siempre en segunda división, quedando claro que la prioridad sería para los ciegos.
