Denuncian un grave conflicto de intereses en la licitación del casino en el Bío-Bío

Una denuncia ante la Contraloría General de la República y al Consejo Resolutivo de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), presentaron este miércoles la Universidad de Concepción y la Lotería de Concepción, con el objetivo de dejar sin efecto el proceso de licitación realizado en la Región del Bío-Bío.

La casa de estudios, responsable de la empresa de juegos de azar, aseguró que uno de los evaluadores del proceso que terminó con la adjudicación favorable para Marina del Sol S.A. era la Universidad del Bio-Bio (UBB), que tenía un preacuerdo con la operadora de casinos para recibir aportes en caso que se ganara la licitación.

Al cupo para la Octava Región también postuló la Lotería de Concepción, a través de Casinos del Sur S.A., razón por la que la Universidad de Concepción decidió marginarse de ser presentarse como evaluadora, precisamente debido a su ligazón con la empresa de juegos de azar, según explicó el abogado de la casa de estudios, Rodrigo Hinzpeter.

Según el profesional, el convenio entre UBB y Marina del Sol fue suscrito el año pasado, y en él se establecía que las partes evaluaran una donación en dinero a favor de la institución académica, siempre que la empresa se adjudicara la concesión para el casino de Talcahuano, como ocurrió finalmente.

En declaraciones a la radio Bio-Bio, Hinzpeter acusó en este caso se está frente a un grave conflicto de interés y a una falta de imparcialidad que afecta la legalidad y probidad del proceso.

“No hay que ser abogado para entender que cuando hay un evaluador y un evaluado, el primero no puede tener ningún interés comprometido en que su evaluado sea bien evaluado, porque en ese momento pierde toda objetividad y toda imparcialidad para hacer su evaluación”, afirmó.

En ese sentido, también se preguntó si la SCJ estaba en conocimiento de esta situación cuando la UBB fue nombrada como evaluadora o, posteriormente, cuando se resolvieron las licitaciones.

“¿Por qué la Universidad del Bío Bío guardó silencio mientras hacía su evaluación? ¿Por qué no se dijo nada cuando había sido adjudicado Marina del Sol? ¿Supo el Consejo Resolutivo que las evaluaciones que le estaban entregando y sobre las cuales decidieron habían sido hechos por una universidad tan severa y gravemente comprometida en su imparcialidad?”, se preguntó Hinzpeter.

En tanto, el gerente general de la Lotería de Concepción y director de Casino del Sur, Mariano Campos, no descartó la posibilidad de recurrir judicialmente para declarar nulo el proceso, aunque se manifestó confiado que con las presentaciones realizadas este miércoles se zanjará favorablemente el tema.

Ante toda esta situación, la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) confirmó ayer que Operaciones Casino del Sur S.A. (Enjoy - Lotería de Concepción S.A.) presentó ayer mismo -en las dependencias del organismo regulador-, una solicitud de invalidación del acuerdo N°3 adoptado por el Consejo Resolutivo el 11 de julio pasado que otorgó por unanimidad el permiso de operación disponible en el Gran Concepción a la sociedad Marina del Sol S.A. (Valmar) para emplazar su proyecto integral en la comuna de Talcahuano.

“Dado que en un Estado de Derecho existen mecanismos administrativos y judiciales para que las sociedades postulantes efectúen eventuales objeciones por las decisiones adoptadas por la autoridad, la Superintendencia analizará su procedencia y responderá por la vía administrativa al recurso presentado por la postulante a la que le fue denegada su solicitud de permiso de operación para la comuna de Hualpén”, señalaron fuentes de la SCJ.

Cabe recordar que como lo establecen la Ley N° 19.995 y en el Decreto Supremo Nº 211 de 2005 del Ministerio de Hacienda, las 9 decisiones de otorgamiento de permisos de operación y las 17 denegaciones correspondientes, para la comuna de Antofagasta y las regiones III, VIII, IX, X y XII, las adoptó el Consejo Resolutivo en forma unánime, considerando los pronunciamientos de los gobiernos regionales y municipalidades, los informes del SERNATUR y del Ministerio del Interior, y la evaluación técnica efectuada por la Superintendencia respecto de las cualidades de cada proyecto integral y su plan de operaciones. La metodología de evaluación técnica de los 26 proyectos realizada por el organismo regulador conforme a los plazos legales, entre el 13 de abril y el 31 de mayo de 2006, fue validada por el Consejo Resolutivo antes de determinar el otorgamiento de permisos de operación.

“Legalmente el organismo estaba facultado para ponderar cada uno de los proyectos con hasta 2.000 puntos, siendo de atribución exclusiva de la Superintendencia asignar un máximo de 1.300 conforme a los 6 factores y 31 subfactores de evaluación contemplados en Ley N°19.995 y en el Decreto Supremo Nº 211 para tales fines”, aseguraron desde la SCJ.

En febrero de 2006, la Superintendencia efectuó un llamado a licitación pública destinado a las universidades del país, para los servicios de consultoría en las áreas de arquitectura, ingeniería y seguridad, con el fin de realizar en terreno el levantamiento de información respecto de tres factores de evaluación establecidos por ley, y de un indicador perteneciente a un cuarto factor.

Los factores de evaluación corresponden a tres de los seis establecidos en la ley, equivalentes a un puntaje máximo de 375 puntos de un total máximo legal de 1.300 ponderables por la Superintendencia. Los factores son “Ubicación, calidad y diseño de las instalaciones” (0-250), “Relación armónica con el entorno” (0-50), “Conexión con servicios y vías públicas” (0-50), y el indicador “Impacto en los medios de transporte” (0-25 puntos) del factor “Efectos Económico-Sociales” (0-150 puntos) (Ver gráfica). La licitación pública fue asignada el 28 de marzo pasado a las universidades Austral de Chile para las regiones X y XII; de la Serena, para las regiones II y III; y del Bío-Bío, para las regiones VIII y IX.

La Etapa de Resolución se inició el 31 de mayo y concluyó el 11 de julio pasado y, en un lapso de 43 días, los integrantes del Consejo Resolutivo conocieron en detalle la metodología de evaluación técnica de proyectos aplicada por la Superintendencia, sesionando para ejercer sus atribuciones exclusivas de otorgamiento y denegación de permisos de operación de casinos de juego dentro del plazo de 60 días que establece la ley. Los puntajes asignados fueron difundidos por el organismo regulador el 21 de julio pasado.