Estos cambios han permitido que el inmueble sea explotado como casino por la empresa Orenes Franco, a través de la firma de un contrato privado en el 2005, según informaron fuentes de la Subdelegación del Gobierno.
El informe estará redactado antes del 25 de agosto, ya que en los procedimientos administrativos el plazo para poder recurrir un acuerdo es de un mes desde la adopción del mismo.
Desde la Subdelegación del Gobierno indicaron que el informe jurídico será remitido al ente público Puertos del Estado, dependiente del Ministerio de Fomento, para que adopte las oportunas decisiones.
Entre las presuntas irregularidades por los cambios sustanciales, se destaca el hecho de que el contrato privado entre Puerto Azahar y Orenes Franco se realizó dos años después de la concesión sin la autorización previa del consejo de administración de PortCastelló, como exigía el pliego de condiciones de esa explotación, en el año 2003.