Edición Latinoamérica
26 de Agosto de 2019

Argentina

Capacitarán al personal fueguino para la prevención de lavado de dinero

(Argentina).- El Instituto Provincial de Regulación de Apuestas (IPRA) de Tierra del Fuego capacitará al personal en mecanismos anti-lavado, tras firmar un convenio con una firma inglesa. La Legislatura provincial había pedido informes pero, en base a las explicaciones recibidas desde la presidencia del organismo, no habría objeciones para la ratificación.

E

l 12 de mayo de este año, el presidente del IPRA, Horacio Sosa, firmó un convenio en Montevideo con la Internacional Compliance Association, Dirección para América Latina y el Caribe, por el cual se dará inicio a la capacitación del personal en materia de prevención de lavado de dinero.

Este trato fue girado a la Legislatura para su ratificación y motivó un pedido de informes impulsado desde el bloque del ARI, al tratarse de una entidad no financiera. Sin embargo, las explicaciones brindadas por el presidente en una comunicación oficial, habrían despejado las dudas, por lo cual avanzaría el proyecto.

Si bien las entidades financieras pueden acceder a capacitación del Banco Central, también es competencia de un organismo como el IPRA, que regula el funcionamiento de casas de juego y casinos, articular medidas que impidan el lavado de activos, y esta responsabilidad se la adjudica la propia ley nacional contra lavado de dinero.

La posibilidad de que bienes que provengan de la actividad delictiva puedan transformarse en bienes de actividades legales, podría encontrar un espacio en las casas de juego que no estén debidamente controladas, ya que comercializan, por ejemplo, fichas cuya emisión y recirculación pueden complicar el seguimiento.

“La realidad indica que cientos de billones de dólares de actividades delictivas es lavado a través del sistema financiero”, dice la Internacional Compliance Association. “En la práctica, en los delitos considerados lavado de activos, deben ser incluidos tráfico de drogas, terrorismo, fraude, robo, prostitución, juego ilegal, tráfico de armas y corrupción”, agrega, dejando librado a la legislación vigente en cada país la incorporación de los delitos contra el fisco, como la evasión de impuestos.

“La creación de un delito para penalizar el lavado de activos, está basada en que es ilegal e inaceptable que particulares o instituciones asistan a criminales para obtener beneficios de su actividad delictiva, o que se les facilite la posibilidad de concreción de dichos crímenes asistiéndolos con productos o servicios financieros”, destaca la entidad, que reconoce que los procesos de lavado “son innumerables”.

“Generalizando, es el proceso por el cual los bienes de origen delictivo son integrados al sistema legal, reciclándolos y dándoles la apariencia de haber sido producidos por actividades lícitas”, agrega.

Uno de los procesos de lavado tiene que ver con la “desintegración de las partidas de bienes o efectivo, estructurándolas en transacciones mínimas, de manera que sean de difícil identificación”, y en este punto los juegos de azar son terreno propicio para el fraccionamiento.

Con respecto a los alcances de la capacitación, la entidad asegura que permitirá “la aplicación práctica de sistemas internos en prevención”. Los cursos se dictan a personal de bancos y financieras, a responsables de prevención de lavado de sectores no financieros, a profesionales independientes, áreas jurídicas, contadores, auditores, funcionarios de organismos de control del sector público, entre otros.

Se espera que quienes hayan completado esta capacitación puedan “entender, identificar y proceder ante riesgos de lavado de activos en diferentes tipos de transacciones, operaciones y otros servicios profesionales derivados de la actividad de control; proceder sin factores de conflicto a una eficaz identificación del cliente y tener un acabado conocimiento de los procedimientos relacionados con la confidencialidad y la transparencia en la relación con los clientes”.

El curso se dicta en forma semi-presencial, con apoyatura de tutoría, manuales, reportes y textos técnicos. Prevé la realización de talleres de trabajo, seminarios y conferencias de apoyo con expertos internacionales. El programa tiene un costo de 2.775 dólares, según informa la Internacional Compliance Association en su página Web, con posibilidad de convenios especiales de apoyo técnico para Latinoamérica y Caribe hispano.

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