Edición Latinoamérica
23 de Noviembre de 2020

Licitación 2005-2006

Chile: Agresivas estrategias legales en la batalla por los casinos

(Chile).-La española Cirsa y la chilena Enjoy, del grupo Martínez, libran una batalla feroz por adjudicarse las salas de juegos, que derivó en una seguidilla de acusaciones mutuas que se zanjarán en tribunales.

E

l estudio que encabeza el abogado Alfredo Etcheberry (uno de los penalistas más reputados de la plaza) patrocinará la querella por injurias que en los próximos días presentará Cirsa en contra del abogado de Enjoy (ligada a los Martínez), Darío Calderón.

Éste abrió el fuego cuando declaró que Cirsa tiene procesos pendientes en España, donde se investigan casos de lavado de dinero. Además, comparó a la firma española con AeroContinente. “Cuando llegó a Chile, ésta también señaló su absoluta limpieza y transparencia, y dijo ser una empresa seria, y ya vimos cuál fue el desenlace y como resultó que era un brazo más del narcotráfico”, acusó. En Enjoy aseguran que estos antecedentes no fueron declarados ante la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

Etcheberry, que también representa en Chile al Estado peruano en el caso Fujimori, se enfrentaría en tribunales al abogado Hugo Rivera, quien defenderá a Calderón. En medio de este fuego cruzado entre estos dos importantes operadores de casinos, Calderón viajó a Alemania a principios de la semana pasada para presenciar la final del Mundial de fútbol, que Italia y Francia disputaron en Berlín.

Cirsa, la empresa española que controla 51 casinos en el mundo y facturó U$S 1.800 millones en 2005, y Enjoy, que domina el 75% del mercado chileno, son dos de los 13 grupos que están participando en la licitación de nuevos casinos, proceso que se cerrará el 31 de julio. Pero son las empresas que apostaron más fuerte en número de proyectos e inversiones comprometidas, las que, entre los 39 proyectos postulantes, totalizan U$S 1.120 millones.

El grupo Martínez (Enjoy) tampoco ha estado libre de sospechas. Sus competidores consideran curioso que no compitan en ninguna ciudad con los Fischer, de quienes son socios en el casino de Puerto Varas.

Las dudas apuntan a que tendrían una alianza informal que una vez terminada la adjudicación materializarían. Fuentes ligadas a Enjoy ,aunque aceptan que mantienen un “pacto de caballeros” con los Fischer, afirman que no está contemplado ir más allá porque además la Ley de Casinos pone muchas trabas para modificar, a posteriori, la constitución de las sociedades que se ganen alguna de las concesiones.

Además, el grupo Martínez despierta aprensiones vinculadas a la asistencia prestada por Gonzalo Boye, abogado chileno radicado en España, al superintendente de casinos, Francisco Leiva, cuando éste viajó a Madrid en abril para realizar investigaciones relativas al grupo Cirsa.

El profesional estuvo preso por secuestro y fue contactado por el ex embajador en ese país Enrique Krauss, quien fue por largo tiempo abogado del patriarca de los Martínez, Antonio. Al regreso de Leiva, Boye cuestionó públicamente la efectividad de las labores del superintendente en España.

Sin embargo, fuentes cercanas a los Martínez afirman no haber estado nunca con el abogado, aunque sí reconocen el nexo entre Krauss y la familia.

La encarnizada guerra entre competidores tiene como trasfondo un negocio redondo, cuya rentabilidad supera, por lejos, a la de otras industrias. Según estimaciones de la Superintendencia, ésta sobrepasó el 40% el año pasado y los siete casinos que operan en el país lograron ingresos brutos de más U$S 100 millones.

Pese al enrarecido ambiente, la debutante SCJ mantenía silencio. Finalmente saltó al ruedo el jueves pasado y emitió un comunicado de prensa en el que señaló que “no existen antecedentes que permitan presumir un origen ilícito de los fondos para ninguna de las 31 sociedades sometidas a examen de precalificación”, sin aludir directamente a la firma española.

Sin embargo, cuando el titular de la SCJ regresó de Madrid y no informó públicamente sus conclusiones, esto contribuyó a aumentar los rumores que han enturbiado el proceso.

Un documento interno de la SCJ detalla las gestiones de Leiva y sus conclusiones. Según se indica, el funcionario constató que no existen procedimientos penales en contra de filiales ligadas a Cirsa ni contra su presidente, Manuel Lao Hernández, y que los asuntos judiciales en que se encuentran involucradas sociedades vinculadas al grupo tampoco revisten caracteres de anormalidad dentro del desarrollo habitual de su actividad comercial.

Además, la empresa, por petición de la Super, debió aclarar el caso que se siguió contra Lao en 1993 por el delito de control cambiario. Como respuesta, Cirsa entregó un informe en derecho, realizado por un jurista madrileño, donde se aclaraba la inexistencia de esa falta y adjuntó un certificado del Ministerio de Justicia español que acreditaba que Lao no registra antecedentes penales, lo que dejó satisfecho al superintendente.

La entidad reguladora no tuvo la misma comprensión con Thunderbird, la firma canadiense que maneja 15 casinos, y la dejó fuera del juego debido a una formalidad: la compañía no cumplió con la cláusula que establecía que debía tener pagado el 50% del capital social al momento de su constitución.

Los políticos también tomaron cartas en el tema. La semana pasada, el diputado Jaime Mulet (DC) acusó falta de transparencia y pidió paralizar el proceso, mientras el diputado RN Maximiano Errázuriz pidió una explicación por el viaje de Leiva a España, durante el cual fue asistido por el abogado chileno Gonzalo Boye, quien cuenta con antecedentes criminales por secuestro.

Además, parlamentarios de la UDI, encabezados por el diputado Rodrigo Álvarez, presentaron un proyecto de ley para perfeccionar la actual legislación de la industria de casinos de juego.

La iniciativa busca evitar la concentración de la industria de juegos, estableciendo un límite máximo de 20% en manos de un mismo operador; y perfecciona la operación del Consejo Resolutivo a cargo de adjudicar las licencias y la participación de municipalidades y gobiernos regionales en el proceso de selección.

Y si en las preliminares ya vuelan plumas entre los “casineros”, lo más seguro es que cuando se conozca la lista de los proyectos ganadores, haya una nueva lluvia de recursos legales de los que consideren injusta la decisión.

El grupo Enjoy, considerando sus operaciones de Panamá, factura US$ 100 millones al año. En tanto, US$ 550 millones se invertirán en casinos en Chile, luego de la licitación, según estimaciones de la SCJ.

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