El 7 de diciembre de 2005 Dávila Suliveres denegó el interdicto preliminar que buscaba impugnar la orden de cese y desista que emitió el secretario de Hacienda, Juan Carlos Méndez, contra el juego instantáneo, al cual el Gobierno le concedió un período de gracia para operar hasta el 30 de junio.
El Tribunal de Apelaciones confirmó en enero pasado el dictamen del Tribunal de Primera Instancia. Pero, PBL alega que el Raspa y Gana ha seguido operando exitosamente y que miles de niños y jóvenes participantes del programa de prevención de Boys & Girls Clubs de Puerto Rico (BGCPR), continúan beneficiándose de los ingresos obtenidos por el sorteo.
“Tanto los fondos asignados para los programas de BGCPR como los de los premios que reciben nuestros clientes están garantizados. A pesar de la lamentable estrategia de Hacienda de impactar los programas preventivos de estos niños, el público ha seguido respaldándonos ya que sabe que en este juego sus premios sí están garantizados”, informó Aniel del Valle, gerente general de PBL en Puerto Rico, empresa que asiste a BGCPR en la administración de Raspa y Gana.
BGCPR y PBL acudieron al tribunal el pasado año luego que el Departamento de Hacienda advirtió en una carta a los vendedores de Raspa y Gana que operan terminales de la Lotería Electrónica que tomarían acciones legales en su contra de continuar operando la actividad de recaudación de fondos.
“Estamos esperando la decisión del Tribunal, pero con completo derecho a seguir operando la actividad de recaudación de fondos Raspa y Gana”, indicó Del Valle.
El argumento de la parte demandante es que la actividad no está enmarcada dentro de la definición de la Ley de Lotería Adicional (Lotería Electrónica). “Esta ley claramente define como lotería adicional aquel juego cuya característica esencial es que el jugador escoge sus números. Con Raspa y Gana el jugador no selecciona número alguno, sencillamente compra un boleto”, dijo Del Valle.
“Nuestra actividad es una completamente legal y continuaremos nuestras ventas en todos los establecimientos donde siempre hemos ofrecido el servicio para la actividad de recaudación de fondos, inclusive después del 30 de junio”, señaló Del Valle, que también sostuvo que, de no tomarse pronta acción, miles de niños y adolescentes, así como comerciantes se verían seriamente afectados: “de no tomarse una pronta y justa decisión en cuanto al caso peligran los servicios, empleos y negocios que promueve Raspa y Gana, lo que contradice los esfuerzos del Gobierno de fomentar el desarrollo económico y social de la Isla. Además, se afectarían servicios de índole social que el Gobierno no tiene fondos para sustituir”, finalizó.