Edición Latinoamérica
05 de Diciembre de 2020

Ante su proliferación en diferentes ámbitos

Senadores chilenos ponen a las tragamonedas en el centro de la atención

(Chile).- La polémica surgida por el funcionamiento de máquinas electrónicas que entregan dinero a lo largo del país en un gran número de comercios, ha generado la preocupación de los senadores. Uno de los legisladores que ha estado atento a este tema ha sido el PS Carlos Ominami, quién advirtió que es “partidario de prohibir este negocio”, que para él genera “verdaderas mafias”.

E

l senador comentó que ya presentó las respectivas indicaciones al proyecto que fue aprobado por casi la totalidad de los legisladores, con excepción de la abstención del senador Carlos Bianchi (RN). La iniciativa ya terminó su fase de indicaciones y está por ser sometida a segundo trámite en el Senado.

Entre algunas precisiones que propuso Carlos Ominami, se encuentra que las máquinas electrónicas, mecánicas y electromecánicas de juegos cuenten con la autorización previa y expresa de la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ).

El senador precisó que no debe permitirse las máquinas que sean de juegos de azar, entendido en los términos definidos en la ley Nº 19.995 y sus reglamentos. Por el contrario, “si estas máquinas no desarrollan juegos de azar, la autorización podrá proceder”, dijo Ominami.

La definición sobre si una máquina es de azar o de destreza o habilidad, recaerá en el Servicio Nacional de Aduanas.

Por su parte, el senador Carlos Bianchi, precisó que su abstención se debió a que en el proyecto que se presentó ante la sala del Senado, habían errores conceptuales, “sumado a la imprecisión existente a nivel legal respecto a lo que se entiende por juego de azar, cuestión que este proyecto no aborda, y da como resultado una regulación para los juegos de azar en la que cualquier personan que quiera desarrollarla quedará expuesta a duras penas criminales, quedando sólo la posibilidad de ir a un casino autorizado en caso de querer participar en ella”.

De esta forma, busca no afectar los juegos que realizan algunas juntas de vecinos o asociaciones de beneficencia, como rifas o bingos, que podrían ser acusadas de delito.

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