Verificarán operaciones de los casinos en El Salvador

El Ministerio Público anunció que pedirá informes a las alcaldías para verificar si los casinos y salas de juegos operan ilegalmente y cerrarlos de ser necesario. El Fiscal General, Félix Garrid Safie, no duda en afirmar que “si hay alguna irregularidad o están sirviendo de vehículo para otro tipo de actividades no lícitas, vamos a proceder a aplicarles la ley”

Los establecimientos siguen funcionando sin que las comunas, por acción u omisión, los inspeccionen para determinar si violan disposiciones legales, según denunciaron funcionarios y diputados.

La Asamblea Legislativa aprobó en julio de 2002 los decretos 929 y 930, con los cuales faculta a las alcaldías a inspeccionar los casinos en busca de los juegos prohibidos por la antigua Ley de Policía: de monte a los naipes, dados, las tres cartas, la cinta, los dedales, rueda de la fortuna, ruleta y los que inviten a suerte o azar. Luego debían presentar un acta a la Fiscalía. Antes, el Congreso ordenó por decreto el cierre de los establecimientos cuyas licencias hubiesen caducado y, luego, restó a las comunas la potestad de renovarlas.

Sólo los municipios de San Salvador y Santa Tecla presentaron sendos informes sobre los negocios que operaban en su jurisdicción, hace cuatro años, pero la Fiscalía no procedió ni se pronunció al respecto, alegando que las alcaldías no especificaban si había juegos prohibidos en los lugares.

En esa época los establecimientos Óptima 1 y Tropicana fueron cerrados, tras un fallo de la Sala de lo Contencioso de la Corte Suprema, pero volvieron a abrir y el primero cambió de nombre: Marbella.

El diputado de la Comisión de Asuntos Municipales, Noel Abilio Bonilla, dijo que ahora las alcaldías tienen la responsabilidad de hacer que se cumplan las reformas. “Está en el ruedo de los concejos inspeccionarlos y regularlos... esa responsabilidad se le pasó a los municipios”, explicó el parlamentario.

Según fuentes municipales, en San Salvador operan el Marbella y el Tropicana, en el Paseo General Escalón; el Izalco Videos, en la Avenida Jerusalén, y el Colonial y el Siesta en la zona de Antiguo Cuscatlán. En San Miguel funcionan el Colonial y Febos, y en Santa Ana, el Montecarlo.

Ulices del Dios Guzmán, magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), es del criterio que las reformas dejan la responsabilidad a las alcaldías, y si no las cumplen, incurren en delito. “Los ediles están llamados a cumplir sus atribuciones, son funcionarios públicos y si no cumplen incurren eventualmente en incumplimiento de deberes”, enfatizó.

Las municipalidades están obligadas a verificar si hay negocios que ofrezcan juegos de azar. Si los hay en su jurisdicción, deben informar a la Fiscalía General. Luego, las comunas deben presentar un informe detallado de lo encontrado en los establecimientos, sobre todo si hay juegos prohibidos por la antigua Ley de Policía. De haber ilegalidad, las alcaldías deben de notificar a la Fiscalía y ésta proceder al cierre. De ser necesario debe pedir auxilio de la Policía Nacional Civil.

El Fiscal General, Félix Garrid Safie, anunció que pedirá informes a las alcaldías de los municipios en donde operan casinos, aunque por ahora no se atreve a decir si operan en la ilegalidad. “No quisiera decir si los vamos a cerrar o no. Si están funcionando conforme a derecho, no le veo ningún problema en que sigan funcionando. Vamos a revisar y si hay alguna irregularidad o detectamos de que están sirviendo de vehículo para otro tipo de actividades no lícitas, entonces, vamos a proceder a aplicarles la ley”, advirtió.

Safie dijo que el Ministerio Público no ha recibido informes de las municipalidades sobre el funcionamiento de los casinos, por lo que pidió a los alcaldes que notifiquen sobre el tema. “Lo que quiero es revisar cuál va a ser el estatus de esa situación de los casinos. Yo en lo personal, creo que tengo que oír bien a las alcaldías en ese sentido”, destacó.

Con respecto a la utilización de máquinas prohibidas en esos negocios, el Fiscal sostiene que esos detalles serán revisados a fin de determinar si efectivamente hay situaciones fuera de la ley. “Lo primero que tengo que hacer es pedir los informes a las alcaldías, ese es el compromiso que asumo porque es lo que la ley establece”, reiteró.

Los ex titulares del Ministerio Público no intervinieron en la verificación de la situación legal de los casinos y sólo se limitaron a esperar informes de las comunas para cerrarlos si así era requerido.

Ástor Escalante, viceministro de Seguridad Ciudadana, consideró importante que se verifiquen las operaciones de las salas de juego para determinar si no están fomentando los vicios y la comisión de delitos.

A este respecto, el diputado Norman Quijano considera que para ejercer mejor control sobre estos negocios se deben tomar en cuenta consideraciones morales y de conveniencia para la juventud.