Brasil: La CPI sugiere reglamentar las salas de bingos y destinar la recaudación a seguridad pública

El proyecto establece la entrega de los recursos a gastos de seguridad pública. Del total apostado, el 55 % sería destinado a premios, otro 25% quedaría para los operadores de bingos, un 18% sería destinado a la seguridad pública, y el 2% restante sería entregado al órgano del Estado dedicado a fiscalizar las casas de juego.

De acuerdo a estimaciones de los técnicos de la CPI, la recaudación generada para seguridad podría alcanzar y hasta superar los 1.000 millones de reales (442,55 millones de dólares).

El texto, de ser aprobado, permitiría que los Estados prohibiesen el funcionamiento de las casas de juegos, y dependería del Gobernador y del Legislativo local optar por permitir o no el juego en cada región. Incluso tendrían la capacidad de determinar en qué ciudades las casas de bingo podrían ser abiertas y en cuáles no.

Para asegurar el pago de tributos, los sistemas informáticos de las casas de bingos deberían ser conectados a un sistema central de la Reserva Federal. De esta forma, todos los movimientos de caja de los bingos, que sería acompañado online por el Fisco.

Los apostadores, a su vez, serían obligados a identificarse en la puerta de las casas de bingos. De esa forma, de ser premiados, el impuesto sería cobrado con más facilidad. De acuerdo a lo señalado por el vocero, la medida reduciría sensiblemente el lavado de dinero y la evasión fiscal.

De esta forma, la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) de los Bingos apunta a la reglamentación de las casas de juego, pero propone la criminalización de los juegos de azar, inclusive los electrónicos, hasta no contar con una ley y la aprobación regional de los mismos.

La propuesta a ser enviada a la CDRT considera como bingo "la realización de sorteos sobre un conjunto de números, en ambiente físico o virtual", por medio de cartones con 15 números seleccionados de un total de 90, abriendo el juego a máquinas de videobingo.

"Hay una tendencia mundial de legalizar los juegos de azar, y que la explotación de esos juegos resulte en la generación de empleos y en la posibilidad de recaudar recursos para su aplicación a fines sociales, como ocurre por ejemplo con las loterías", dijo el vocero Garibaldi.

Entre los cinco proyectos propuestos para su tramite inmediato, el vocero autorizó a los estados federales y al Distrito Federal a explotar loterías, "como modalidad de servicio público", siempre que no sean semejantes a las ya explotadas por la Unión por medio de la Caixa Econômica Federal.

De lo producido en la recaudación de esas loterías estaduales o distritales, un mínimo del 25% sería destinados al fomento del deporte, a la seguridad social y a otros programas de interés público.