Edición Latinoamérica
29 de Octubre de 2020

Encuesta de la Secretaría de Investigaciones y Opinión Pública del Senado

Senado realizará una investigación sobre la liberación del bingo en Brasil

(Brasil).- En momentos preliminares a un posible referendum sobre la liberación de los juegos de bingo que el informe final de la Comisión Parlamentar de los Bingos (CPI) pretende sugerir, la Secretaría de Investigaciones y Opinión Pública del Senado, realiza, en esta semana, una consulta para averiguar la opinión del pueblo brasileño sobre el asunto.

E

stán siendo cuestionados, a través de un call center, 1.072 ciudadanos mayores de 16 años )(electores potenciales), en 111 ciudades de todos los estados brasileños, escogidas aleatoriamente. Todas las capitales están presentes, y fueron englobados municipios con Índice de Progreso Humano (IDH) Considerado Bajo, medio y alto.

Los entrevistados están respondiendo a 22 preguntas, que abarcan desde aspectos relativos a su perfil (sexo, edad, pensión, escolaridad, etc.) y su evaluación de los trabajos realizados por la CPI hasta los objetivos específicos de la investigación.

“No sólo queremos saber si las personas están a favor o en contra de la legalización, sino también averiguar si, en su imaginario sobre los juegos, están más presentes los aspectos positivos o negativos. Es importante verificar si, cuando las personas piensan en bingos, les viene a la mente ideas como vicio y lavado de dinero o generación de empleos y mejores perspectivas de vida”, explicó Céfas Siquiera, coordinador del DataSenado.

Según el senador Garibaldo Alves Filho (PMDB-RN), vocero de la CPI de los Bingos, la realización de la investigación realizada por el DataSenado/ Alo Senado no descarta la propuesta del referéndum, pero sus resultados no serán tomados en consideración en la elaboración del informe final de la comisión, que debe ser presentado al inicio de junio.

Dependiendo de lo que sea averiguado por esa investigación y de otras informaciones, iremos proponiendo medidas para la reglamentación de los bingos, pero dando la oportunidad a todos los brasileños, a través del referéndum, de aprobarlas o no, dijo él.

Según Céfas Siquiera, la investigación, que trabaja con un margen de error considerado pequeño (de 2,5%), tiene legitimidad para subsidiar el referéndum, además de llevar al pueblo a reflexionar sobre la cuestión.

El levantamiento de los datos debe ser finalizado en los próximos días. La difusión de los resultados será hecha en conjunto con la presentación del informe final, o a criterio de la Mesa de la CPI.

Garibaldi afirmó que ve más argumentos favorables que contrarios a la legalización de los juegos. El debate sobre la cuestión se intensificó en los últimos meses en el colegiado, cuando fueron escuchados, por ejemplo, el presidente de la Federación Brasileña de Bingos (Febrabingo), Carlos Eduardo Canto, y el ex secretario de la Reserva Federal, Osíris Lopes Filho.

Canto argumentó que la legalización generaría cerca de 120 mil empleos directos (actualmente, el sector emplea 650 mil personas), rindiendo a los cofres públicos, solamente en impuestos, cerca de R$ 2,3 billones anuales.

Osíris Lopes Filho, por su parte, cree que la actividad, permaneciendo en la “semiclandestinidad”, llega a incentivar el aumento de la corrupción y de generación de ganancias ilícitas, por medio de prácticas como lavado de dinero y tráfico de drogas.

Garibaldi está de acuerdo. Para el, no tendría que estar de la manera que está. “La CPI tiene una gran preocupación con las casas de bingo porque ellas funcionan a través de medidas judiciales. Eso hizo que varios establecimientos fuesen instalados sin que nosotros tuviésemos una visión de cómo ellos operan. Por eso la reglamentación se hace necesaria, pero, naturalmente, debajo de una fiscalización intensa”, defendió el vocero.

La exploración de las casas de bingo en el país fue liberada a comienzos de la década del 90, en el gobierno Collor, por medio de la llamada Ley Zico, cuando la actividad era vinculada al apoyo de las entidades deportivas.

La legislación pertinente al asunto pasó por una serie de modificaciones en los años siguientes, hasta que, en 2000, durante el gobierno de Fernando Enrique Cardoso, la Ley maguito mantuvo la autorización para los establecimientos que ya existían, quedando la responsabilidad por su funcionamiento y fiscalización a la Caja Económica Federal, pero se transformó en contravención penal y creación de nuevas agencias a partir de diciembre de 2001.

En febrero de 2004, ya en el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, vino el escándalo Waldomiro Diniz, el asesor de la Casa Civil en la gestión de José Dirceu fue encontrado in fraganti negociando dinero con un empresario del juego. El episodio llevó al presidente a dictaminar medidas provisorias prohibiendo la explotación de bingos y máquinas tragamonedas en todo el país. La MP fue derrumbada por el Senado.

Hoy las casas de juegos funcionan mediante permisos basados, en la mayoría de los casos, en la tesis del derecho adquirido. Empresarios del sector argumentan que los bingos son una modalidad lotérica, lo que encuadraría la actividad en algunas legislaciones estatales.

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