Como consecuencia de este “caso de censura”, los proveedores cumplieron con las nuevas regulaciones configurando sus servicios para que los clientes italianos no pudieran conectarse a los sitios prohibidos.
Sin embargo, ahora están levantando sus voces ya que consideran que esta acción es un acto de violencia contra sus empresas y contra la libertad de acción de sus clientes. Assoprovider, la asociación que representa cerca de 200 empresas proveedoras de servicios de Internet, apeló a TAR (La Corte Administrativa Regional). Esta es la primera acción legal llevada a cabo por los proveedores para defender su derecho a la libertad, a la de sus clientes y empresas, para operar y acceder a los servicios por Internet.