El proyecto establece sanciones para los autores, empresarios, administradores, comisionistas o agentes de loterías no autorizados legalmente, quienes serán castigados con reclusión menor en su grado mínimo y multa de 100 a 300 Unidades Tributarias Mensuales (UTM). Además, establece reclusión menor en su grado mínimo y una multa de 11 a 20 UTM a quienes jueguen en loterías no autorizadas legalmente.
Asimismo, propone modificar el Código Penal estableciendo una definición de juego de azar, que se entenderá como “todo aquel acto cuyo resultado no depende de la habilidad, destreza o inteligencia de los jugadores, sino del acaso o de la suerte, o en que se apuesta dinero sobre lances determinados y que unos y otros, se practiquen en caminos públicos, calles, plazas, ferias, establecimientos de comercio u otros sitios semejantes de reunión e intercambio de especies”.
La primera iniciativa fue presentada por los ex senadores Edgardo Boeninger (DC) y Alejandro Foxley (DC), y los senadores José García (RN), Evelyn Matthei (UDI) y Carlos Ominami (PS), que posteriormente se refundió con una de senador Nelson Avila (PRSD).