Edición Latinoamérica
20 de Agosto de 2019

El Jockey Club objetó los argumentos

Argentina: En Tucumán realizarán una audiencia clave por el tema de las slots

(Argentina).- El Jockey Club de Tucumán objetó la prueba ofrecida por los ambientalistas que se oponen a las obras en el Hipódromo de esa provincia. Mediante una acción de amparo, un grupo intenta frenar la instalación de 1.000 tragamonedas en la zona del parque 9 de Julio, proyecto que lleva adelante la firma Casino Club.

E

n la sala II de la Cámara en lo Contencioso Administrativo intentarán encauzar la marcha de la causa iniciada por la Federación de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Tucumán para impedir la instalación de 1.000 máquinas tragamonedas en el Hipódromo de Tucumán.

El vocal Carlos Giovanniello citó a las partes para hoy, a las 9 de la mañana, a una audiencia a fin de analizar las últimas medidas procesales. Los plazos fueron suspendidos hasta la celebración del acto, puesto que la Caja Popular de Ahorros, la Fiscalía de Estado y el Jockey Club provincial, que impulsan el proyecto, requirieron al magistrado que rechace las pruebas ofrecidas por los ambientalistas.

La federación había pedido la opinión de un perito ordenador de territorios e informes a distintas instituciones intermedias, en el afán de aportar elementos tendientes a dilucidar el impacto ambiental que podrían causar las obras previstas por Casino Club en el parque 9 de Julio.

Giovanniello abrió un incidente a raíz del planteo de nulidad y, subsidiariamente, del recurso de revocatoria presentado por el Jockey Club (tiene la concesión del Hipódromo) contra la decisión del vocal de proveer a la prueba que había ofrecido la demandante.

En la citación, el camarista remarcó la necesidad de celebrar la audiencia debido a las “peculiaridades del caso y a las dificultades inherentes a la producción de la prueba ofrecida por las partes”.

El abogado del Jockey Club, Santiago Páez de la Torre, objetó las medidas ofrecidas por los ambientalistas. Consideró que todos los datos respecto de los cuales la organización requiere información no son propios de una prueba de informes, puesto que no refieren a documentos, antecedentes o hechos vinculados al juicio que consten en oficinas públicas o en instituciones; sino que consisten en los testimonios u opiniones de particulares.

“Es evidente que la prueba en cuestión es, en realidad, una prueba pericial o testimonial encubierta, puesto que se requieren opiniones. Así se impide a mi parte que ejerza el derecho de defensa (a formular repreguntas y a solicitar aclaraciones), violentándose los principios del debido proceso legal”, dijo el abogado.

La Caja Popular de Ahorros y Fiscalía de Estado también dedujeron sendos recursos de revocatoria. En efecto, cuestionaron que haya sido solicitada la opinión del Colegio de Biólogos y de la Sociedad Amigos del Árbol, que forman parte de la Federación de Organizaciones Ambientalistas no Gubernamentales.

También objetaron que las pruebas ofrecidas se refieren a datos “abstractos y generales” sin vinculación con el caso. Inclusive, recordaron que la resolución 052/05, de la Dirección de Medio Ambiente, mediante la cual fue aprobado el certificado de impacto ambiental de las obras, fue incorporada al expediente sin que haya sido impugnada por la ONG.

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