El Instituto Nacional de Vendedores Ambulantes, que tiene como objetivo legalizar a los levantadores clandestinos de quiniela, fue rechazado por varias instituciones, pero Castellaneta fue el primero en salir al cruce del proyecto. Por su parte, el directivo, coincidió con La Porta en que la norma planteada es anticonstitucional y no ocultó su sorpresa ante la actitud del diputado de Misiones. “Damiani, que tuvo dos años en estudio en su comisión el proyecto de ley que tipifica como delito el juego ilegal y que perdió estado parlamentario cuando tenía media sanción del Senado, hoy sale firmando este engendro jurídico que no sabemos a que intereses responde”, señaló Castellaneta.
El representante de los agencieros oficiales resaltó que el proyecto “tiene muy mala fe y ni siquiera aclara adonde va a ir el dinero que recaudarían los no oficiales”. Así también cuestionó a los dos legisladores que impulsan la iniciativa en cuanto a que “ni siquiera se podría plantear porque como diputados deben conocer la Constitución y las normas vigentes”.
“El juego, de acuerdo a la Constitución Nacional y también a la provincial, está regenteado por el Estado y es el único que tiene la potestad de su manejo” explicó Castellaneta y agregó que “lo que sí se puede conversar es la creación de subagencias, las licitaciones de agencias o los corredores ambulantes tal como se instauraron temporariamente en las playas de Mar del Plata, dependiendo de una agencia oficial que es la única autorizada para tomar juego”.
Finalmente, el presidente de la FACALQA y de la Cámara de Agentes Oficiales de Loterías y Afines Bonaerense volvió a criticar el proyecto porque “con la excusa de querer generar empleo y apelando a una falsa solidaridad se pretende legalizar el juego ilegal cuando lo correcto es generar empleo dentro la ley y de la normativa vigente”.