fines de 2004, instituciones vinculadas a los juegos de azar, entre los que estaban las entidades que representa Castellaneta, presentaron un dossier de rechazo a la creación de Instituto Nacional de Vendedores Ambulantes de Quiniela con la leyenda: “Legalizar el juego clandestino sólo aporta nuevas fuentes al lavado de dinero derivado de actividades ilícitas”. De esta manera definían lo que opinaban con respecto a la posibilidad de crear el Instituto Nacional de Vendedores Ambulantes de Quiniela.
“La solución no es legalizar las maniobras espurias que afectan a toda la sociedad sino erradicar el flagelo del juego ilegal”, expresó Castellaneta, quién agregó que “cada persona que trabaja en la quiniela depende de las agencias oficiales que a su vez dependen de los entes estatales tanto a nivel provincial como nacional”.
Los agencieros recordaron que le habían reclamado al diputado Damiani, como presidente de la Comisión de Legislación Penal de la Cámara de Diputados de la Nación, el tratamiento del proyecto de ley que tipifica como delito el juego clandestino, sin que finalmente puedan ver plasmado este objetivo.
Por último, el representante de los agencieros oficiales comparó la trasgresión de jugar en forma no oficial con otro tipo de delitos: “Los ignorantes dicen que legalizando el juego ilegal el Estado recaudaría mucho más, porque los ilegales pasarían a tributar al Estado parte de sus ganancias... entonces ¿Habría que legalizar a los secuestradores? Seguramente no”, se respondió.
