Argentina: Desbaratan una red clandestina de apuestas tras una denuncia de la CAOLN

La investigación del caso “Fabián Santamaría” -nombrado así en alusión al cabecilla del grupo- comenzó el año pasado y fue llevado adelante por la Fiscalía Contravencional Nº 6, a cargo de Aníbal Brunet y Mario Galante. El juicio oral se resolvió ayer en apenas una jornada en el salón de actos del Consejo de la Magistratura. “Considero que con estas acciones concretas se abre un combate eficaz contra estas redes delictivas”, destacó el titular de CAOLN, Diego D'Agostino.

El juez Buján sentenció a Santamaría a cumplir 15 días de prisión efectiva y pagar 7 mil pesos de multa por sus acciones ilegales, además de inhabilitarlo durante 5 años para ejercer cualquier actividad relacionada con el juego. El resto de los implicados recibió penas menores de reclusión y multas.

Además, el magistrado ordenó que todo el material y el dinero secuestrados en las agencias clandestinas durante los 38 allanamientos realizados en septiembre sean destinados a entidades de bien público reconocidas como también las multas resultantes del juicio. “Nosotros avalamos esta acción a favor de la ciudadanía porque de esta manera se cumple con el objetivo principal del juego, que es tener un fin social”, advirtió D'Agostino.

Desde el 2004 la CAOLN inició casi 200 causas con el objetivo de desbaratar redes de juego clandestino. Hasta el 22 de enero de este año, las denuncias caían bajo la ley 255. Por eso los integrantes del caso “Santamaría” recibieron una proporción cinco veces menor de reclusión efectiva y multas tres veces más chicas que si la causa se hubiese iniciado después de esa fecha, cuando esa normativa fue reemplazada por los artículos 116 a 119 del Código Contravencional, modificado por ley Nº 1742 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En todos los casos presentados por CAOLN se denunciaron a personas que explotan el juego La Quiniela sin contar con la debida autorización, utilizando como “pantalla” locales de venta habilitados únicamente para vender loterías provinciales. La cámara actúa también contra locales que funcionan bajo las fachadas de locutorios, casas de fotografía, de venta de pilas y de baterías pero que en realidad se dedican a la comercialización de juego clandestino.