Edición Latinoamérica
23 de Agosto de 2019

Ante las diferentes visiones de las autoridades nacionales y municipales

Crece el enfrentamiento por el manejo del juego en la ciudad de Buenos Aires

(Argentina).- El conflicto entre la Nación Argentina y la Ciudad de Buenos Aires por el manejo y control del juego en el territorio porteño parecería estar cada vez más lejos de una solución. En efecto, sus autoridades se encaminan hacia un mayor enfrentamiento, cuando se produzca esta semana el vencimiento de la concesión de las cinco salas de bingo porteñas.

E

l gobierno de la ciudad llamará a licitación para buscar empresas que quieran operar esas salas de juego, mientras que la Nación decidió llevar adelante su propia convocatoria, al tiempo que prorrogó las concesiones a los actuales operadores.

En principio, legislar sobre los juegos de azar es competencia de los gobiernos provinciales, dado que las provincias no delegaron ese derecho al constituir la Nación. No obstante, la Nación puede suplantar al estado provincial cuando se presentan situaciones fácticas relacionadas con el orden público, la moral pública o un interés que trasciende al local. Esta situación se produjo algunos años atrás, cuando la regulación de los juegos de azar fue encomendada al Gobierno Nacional.

Desde entonces, el producto de la explotación de tales juegos era destinado a obras de asistencia social y salud pública en todo el país y al fenómeno del turismo en las provincias. El paso del tiempo fue constatando que la solución adoptada no resultó eficaz, toda vez que lo recaudado era objeto de una distribución arbitraria que no beneficiaba con un criterio ecuánime los intereses provinciales, frente a lo cual el gobierno nacional -a través de convenios con las provincias- les reasignó la explotación de los juegos de azar.

La autonomía concedida a la ciudad de Buenos Aires con la reforma constitucional de 1994, suscita diversos conflictos de competencia con el Estado nacional; debido a la coexistencia, en un solo territorio, de dos niveles de gobierno: el local y el nacional.

Entre algunos de esos conflictos puede mencionarse la necesidad de precisar cuál de esos gobiernos está habilitado para regular los juegos de azar y, por añadidura, decidir sobre su administración y el destino de los fondos que genera su explotación. Al respecto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires establece que mientras sea la capital de la República, su autonomía derivada no solamente está subordinada a ella, sino también a la ley que sancione el Congreso para preservar los intereses de la Nación.

Este esquema institucional determinó que la regulación de los juegos de azar prosiguiera en manos de la Nación, a pesar de la firme oposición de las autoridades porteñas, que se resistían a perder una importante fuente de recursos para las arcas locales. Ello dio lugar a distintos conflictos que se tradujeron en acciones judiciales, entre otros en los casos del casino flotante, de las máquinas tragamonedas del Hipódromo de Palermo o de la instalación de un segundo barco casino en el puerto de la ciudad.

Pocos días atrás, la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad decidió que sólo la justicia porteña tiene facultades sobre el juego en el distrito. En la sentencia, los camaristas invocaron la autonomía de Buenos Aires y precedentes de la Corte Suprema, donde el procurador general ya había dicho que ni antes ni después de la reforma constitucional de 1994 existió atribución federal con respecto a los juegos de azar.

El fallo adquiere trascendencia jurídica y económica, de cara al vencimiento de las concesiones de las salas de bingo que funcionan en la ciudad de Buenos Aires. Este convulsionado escenario revela la gran dimensión económica que acompaña a los juegos de azar, y los consiguientes intereses políticos que se generan en torno de una fuente importante de recaudación fiscal.

La industria del juego se expandió de manera sostenida en todo el país durante los últimos años. Prueba de ello es que no sólo existen 140 casinos, 59 bingos y 31.174 máquinas tragamonedas oficialmente registradas, sino que cuando termine el año se habrán apostado más de 12.000 millones de pesos (4,1 millones de dólares). La magnitud del volumen del juego es impactante, tanto que la cifra total de las apuestas en el país -según los datos proyectados para 2005- duplica el presupuesto de la Capital Federal, el tercero del país detrás del de la Nación y de la provincia de Buenos Aires.

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