Argentina: Esperan que los bingos porteños funcionen tras el vencimiento de licencias

En tres meses vencerán las licencias de las empresas que explotan los cinco bingos que funcionan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde ese momento, dejarán de ser administrados por Lotería Nacional y su control pasará a manos del Estado porteño. El año pasado, los bingos aportaron más de 17 millones de pesos (5,93 millones de dólares) a las arcas comunales. En los bingos trabajan unos 400 empleados.

“El 21 de setiembre vencen los contratos de los bingos y por la Ley de Juego no pueden ser renovados", confirmó Jorge Gimeno, titular del Instituto de Juegos de Apuestas del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Además, Gimeno agregó que ya "se está analizando la situación jurídica porque al Gobierno le interesan en función de la recaudación".

En diciembre de 2000, se aprobó la Ley 538, que regula los juegos de apuestas en la Capital. En su artículo 10 establece que no puede haber más de cinco bingos en la ciudad y a su vez, la Constitución porteña (art. 50) establece que la Ciudad tiene el monopolio en la explotación de los juegos de apuestas. Sin embrago, los bingos vienen funcionando bajo la órbita de Lotería Nacional, porque abrieron antes de que se declarara la autonomía porteña.

Los bingos recaudaron 287.084.580 pesos el año pasado (100,11 ,illones de dólares) y en 2004, la Ciudad recibió 17.225.075,49 pesos (US$ 5,93 millones) por los bingos, contra 16.015.085,45 del casino flotante (US$ 5,58 millones), y 16.531.423,24 pesos (US$ 5,76 millones) de las tragamonedas. El promedio de visitantes mensuales que tuvieron los cinco bingos en conjunto, durante el año pasado, fue de 245 mil personas, número que se mantiene estable este año.

Rubén Lombarda, apoderado legal de cuatro de los cinco bingos dijo: "Ni el Instituto de Juegos porteño ni Lotería Nacional han notificado sobre la no renovación de las concesiones". Asimismo, fuentes comunales adelantaron que desde septiembre, caídos los contratos, el futuro de los bingos pasaría por un llamado a licitación para que sean operados por privados.