La ONCE ha señalado recientemente que un total de 180 millones de euros (U$S 232 millones) se apuestan de manera ilegal en España. Esta estimación fue dada a conocer tras revelarse la sentencia del Tribunal Constitucional, que defiende “el interés económico del Estado” en relación al juego.
Esta sentencia señala que las actuaciones del Gobierno contra el juego ilegal son constitucionales, ya que el interés del Estado es “asegurarse la recaudación derivada de una clase concreta de tributos: los que gravan la realización de los juegos de suerte, envite o azar, y no debe olvidarse que los tributos son la principal fuente de financiación de los gastos públicos del Estado”.
La ONCE denunció el accionar que unas 35 asociaciones o federaciones, que explotan en España cerca de 30 rifas ilegales y que venden unas 4.000 personas, utilizando de manera fraudulenta el sorteo de la asociación con boletos similares a los que comercializa esta institución.