Edición Latinoamérica
21 de Julio de 2019

Revés judicial para los empresarios de tragamonedas de Baleares

España: la Justicia rechazó el intento de Acomam para abortar la Lototrot

(España).- El Alto Tribunal avaló la actuación del Govern de Mallorca y ni siquiera admite que se tramite el recurso de Acomam, la patronal que agrupa a los empresarios de máquinas tragamonedas, quienes sostenían que el juego hípico recientemente lanzado en Baleares supone una competencia desleal, además de vulnerar la libertad de empresa y la legislación estatal.

E

l Tribunal Supremo ha confirmado la legalidad de la Lototrot y la Promotrot, echando por tierra el último intento con el que los empresarios de máquinas tragamonedas pretendían abortar la creación de lo que consideran una competencia desleal y una amenaza para sus cuentas de resultados.

Dado que se trata de la última instancia judicial y el recurso ante el Tribunal Constitucional resulta sumamente improbable, el Govern y el Consell de Mallorca ya cuentan con todas las de la Ley para explotar el nuevo juego de apuestas, con el que pretenden financiar las mejoras que precisa el sector balear del trote.

Los empresarios de máquinas tragamonedas, agrupados en la patronal Acomam, sufrieron su primera derrota judicial el 21 de febrero de 2003, cuando el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) avaló la legalidad del decreto 106/2001 aprobado por el Govern del Pacte de Progrés para regular las apuestas hípicas y los juegos de promoción del Trote.

Acomam presentó ante el Supremo un recurso de casación contra aquella sentencia, alegando que se habían vulnerado varios preceptos constitucionales. En una resolución dictada el pasado 17 de febrero, de la que ha sido ponente el magistrado y ex ministro socialista de Justicia, Fernando Ledesma Bartret, el Supremo ha desestimado ahora el recurso por defectos de forma, sin entrar siquiera en el fondo de la cuestión.

Como parte en el litigio, los propios servicios jurídicos del Govern se encargaron de poner de relieve que el recurso de casación de Acomam incumple la Ley 29/1998 reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa: los empresarios olvidaron incluir en su escrito de preparación, como es preceptivo, una exposición razonada de las normas de Derecho estatal que habría vulnerado la sentencia del TSJB.

El Supremo ha fallado ahora que este hecho es motivo suficiente para no admitir el recurso, sin entrar a valorar la posible ilegalidad de la Lototrot, y ha impuesto el pago de las costas judiciales a la patronal Acomam. De este modo, agotada la última vía de recurso, ya es firme la sentencia dictada hace dos años por la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJB, que rechazó uno por uno los argumentos esgrimidos por Acoman.

La patronal de empresarios de slots sostenía que el decreto aprobado por el Pacte -el mismo que ha servido al Govern para crear la Lototrot- oculta la intención de la Administración autonómica de “aumentar la oferta de juego burlando las restricciones legales impuestas por ella misma”. Al respecto, aludía a una normativa anterior del Govern que limita el número máximo de máquinas tragamonedas que se pueden instalar en Baleares.

Los magistrados del TSJB dictaminaron, sin embargo, que dicha normativa sólo se refiere a la oferta de bingos y slots, por lo que no puede hacerse extensiva a las máquinas de la Lototrot y Promotrot. Los empresarios de tragamonedas también sostenían que el decreto 106/2001 “es nulo de pleno derecho por vulnerar la legislación estatal, que no incluye la Lototrot en el Catálogo de Juegos”. Al respecto, los magistrados argumentaron que cuando se crea un nuevo juego por decreto, éste queda incluido automáticamente en el mencionado catálogo, por lo que no existe tal vulneración de la legislación del Estado.

Por último, Acomam aseguraba que el decreto del Govern “vulnera el derecho constitucional de libertad de empresa, ya que los juegos creados inciden en un juego ya existente, con unas características idénticas, como son las máquinas de tipo B”. Tampoco el TSJB aceptó este argumento: los magistrados recordaron que el Estatuto de Autonomía otorga al Govern la competencia exclusiva en materia de juego, lo que le faculta para crear nuevas modalidades.

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