La ONCE acusó al Gobierno español por congelar el lanzamiento de un nuevo juego

La ONCE decidió realizar una denuncia pública contra el Gobierno español, debido a la suspensión de los acuerdos firmados hace un año, en los que se le concedía la comercialización conjunta con Loterías y Apuestas del Estado del juego “Lotería Instantánea”.

Ese convenio, que debía estar en vigor desde 2004 y hasta 2011, ha quedado congelado desde la llegada al poder del Partido Socialista.

El documento aprobado por el Gobierno en febrero de 2004 señala: “Podrá comenzarse la venta, conjunta al 50% entre ONCE y Loterías y Apuestas del Estado, a partir del 1 de enero de 2005. Y aclara que “dicha comercialización se efectuará en igualdad de derechos y obligaciones para ambas partes».

Pero ante esta complicada situación, desde la ONCE afirman que en ese mismo documento también se incluían mecanismos para garantizar la estabilidad financiera de la ONCE, dejando abierta la posibilidad de que la comercialización conjunta (del juego Euromillones) pueda desarrollarse en el futuro. Esos mecanismos operarían si los objetivos de venta de la Organización Nacional de Ciegos “en alguno de los ejercicios no se alcanzarán”. Y según publica el diario ABC en su edición de hoy, “esa situación ya ha ocurrido, al concluir el ejercicio 2004 con un déficit sobre lo presupuestado de 130 millones de euros”.

De esta manera, la Lotería Instantánea acumula un retraso de dos meses con respecto a las previsiones de su puesta en marcha, pero la ONCE ya había previsto unas ventas de 185 millones de euros. Ante tal realidad, ha solicitado al Gobierno que le autorice a vender junto con Loterías y Apuestas del Estado el juego Euromillones, que le supuso al Estado en 2004 una recaudación de 554 millones de euros. Pero no han obtenido dicha autorización, que está contemplada en los acuerdos.

La Organización Nacional de Ciegos de España tiene 65.000 afiliados, más de veinte mil personas venden el cupón, de los que casi un 40 por ciento son discapacitados no ciegos, y destina más de 70 millones de euros cada año a programas de cooperación, empleo y accesibilidad para personas con otra discapacidad.