Edición Latinoamérica
04 de Agosto de 2020

Por cinco años

Colombia: Apuestas Unidas se quedó con la licitación del Chance en Santander

(Colombia).- Luego de una acalorada, el gerente de la Lotería, Segundo Efraín Pardo Arciniegas, aseguró que Apuestas Unidas será la responsable de operar a partir del 12 de febrero el Chance en Santander, por lo que percibirá ingresos brutos por 364 mil millones de pesos (160,5 millones de dólares) en 60 meses.

A

rgumentos como la introducción de un sistema tecnificado de comercialización, que permitirá formalizar la venta del Chance en el departamento de Santander, o la posibilidad generar empleo formal e incrementar las transferencias de recursos para la salud en un 140% en los próximos 5 años, fueron esenciales para que el comité evaluador de la licitación 001 de la Lotería de Santander, adjudicara el contrato para la explotación de este juego en la región a la firma Apuestas Unidas S.A., omitiendo serios cuestionamientos de los entes fiscalizadores sobre la transparencia en el proceso licitatorio.

Luego de una acalorada audiencia, que duró cerca de seis horas, el gerente de la Lotería, Segundo Efraín Pardo Arciniegas, aseguró que se acogía a la evaluación del comité financiero y que con la responsabilidad que esto conllevaba, otorgaba el contrato a la mencionada firma, que empezará a operar a partir del 12 de febrero y percibirá ingresos brutos por 364 mil millones de pesos (160,5 millones de dólares) en 60 meses.

La propuesta ganadora obtuvo 922,5 puntos sobre 1.000, frente a los 780 que recibió Conapuestas S.A. y la descalificación del consorcio local, Enapuestas Ltda, por presunta utilización de documentos falsos en sus estados financieros.

Diego Otálora, vocero de Apuestas Unidas, aseguró al término de la audiencia pública, en la que representantes de los chanceros aguardaban por la definición de su futuro, que la empresa no abolirá el canal tradicional de distribución, sino que por el contrario lo mantendrá y lo reforzará con la implementación de un modelo tecnificado, que buscará sostener los empleos actuales y generar por lo menos 1.000 cargos directos antes de finalizar el 2005. “Esperamos y aspiramos a que la gran mayoría de vendedores trabajen con nosotros bajo las condiciones que les vamos a ofrecer, que son en gran medida mucho mejores de las que hoy tienen”, señaló.

El representante, también negó los rumores de que los accionistas traerán mano de obra de la costa Atlántica y afirmó que el 99% de la actividad se manejará con personal santandereano, tanto en la capital como en las provincias. “Lo que nosotros queremos hacer es renovar y reactivar el mercado, porque Santander tiene un gran potencial para generar recursos y durante estos años no lo ha hecho. Si miramos los promedios de transferencias per cápita, Santander es uno de los departamentos más atrasados debido al sistema de comercialización”.

Basado en esto, Otálora afirmó que la zona entrará en un proceso de formalización de la actividad, que permitirá que la empresa traslade este año más de 8.600 millones de pesos (3,8 millones de dólares) a la red hospitalaria. “La Ley 643 contempla que las transferencias se hagan por el 12% de los ingresos brutos, y con el sistema que nosotros tenemos estamos seguros que vamos a garantizar recursos muy por encima de esos valores; el mínimo que nosotros estamos proyectando está por encima del 40% de lo que se transfirió el año anterior”.

Minutos antes de que Pardo Arciniegas, leyera el acto administrativo por el cual se adjudicaba el manejo de las apuestas en el departamento, el procurador regional Jorge García Hurtado, insistió en que se suspendiera la asignación para analizar a profundidad y dilucidar los cuestionamientos presentados por las firmas participantes.

Lo mismo hizo Juan Camilo Montoya Bozi, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Bucaramanga y representante del comité de veeduría ciudadana, quien aseguró que se estaba pasando por alto la Ley.

Y es que en el proceso de adjudicación del contrato, que duró cerca de 4 meses, los participantes denunciaron irregularidades en la elaboración de los pliegos de condiciones para favorecer a Apuestas Unidas, así como la aceptación de estados financieros y documentos para acreditar la propiedad de los equipos de operación, que no contaban con la firma de un contador público, requisito exigido por la Ley. Alvaro Garzón Serrano, representante legal de Enapuestas Ltda. aseguró que demandará la decisión ya que estas causas son suficientes para haber rechazado la propuesta de su competidor.

En la audiencia también salieron a relucir inconsistencias en el informe final del comité evaluador, según el cual ninguna de las tres empresas participantes presentó la solicitud requerida en los pliegos para acreditar la propiedad de los equipos. Incoherencia que fue demostrada con documentos, que certificaban la solicitud hecha por Enapuestas el día del cierre de la licitación.

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