Tres consorcios que manejan los casinos privatizados en 1997 en Panamá rechazaron este lunes una propuesta del Gobierno de cobrar una tasa del 5% sobre las ganancias obtenidas en las máquinas de juegos, contenida en un proyecto de reforma fiscal.
El impuesto a los premios "no es técnicamente aplicable", porque las empresas de casinos pagan unos 20 millones de dólares en impuestos al año y emplean a 3.200 personas, afirmaron en un comunicado los casinos Fiesta, Crown y Cirsa, que manejan diez casas de juego en el país.
"Las inversiones directas realizadas en Panamá en la industria de juegos de azar por inversionistas españoles, chilenos, canadienses y panameños en los últimos 10 años ascienden a más de 150 millones de dólares”, indicó el pronunciamiento.
Según los tres consorcios, el impuesto propuesto en una reforma fiscal que irá esta semana a sesiones extraordinarias del Parlamento afectaría la seguridad jurídica del país. "Se alteran las condiciones económicas bajo las cuales fueron contratadas las concesiones de licencias de juego por las cuales se pagó al Estado panameño más de 25 millones de balboas (25 millones de dólares)”, adujeron las citadas firmas operadoras.