México: impugnan el reglamento de juegos y sorteos

Los diputados mexicanos presentaron esta semana, ante la Suprema Corte de Justicia, una controversia constitucional en contra de actos del Poder Ejecutivo federal, referidas a la expedición, publicación y entrada en vigor del Reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos, publicada oficialmente el pasado 17 de septiembre.

Sobre este tema, el diputado Héctor Gutiérrez de la Garza (PRI) informó que el documento será presentado por la Mesa Directiva, luego de que el jueves pasado en pleno la Cámara autorizó el procedimiento.

Entre las irregularidades del nuevo reglamento, emitido por la Secretaría de Gobernación, se encuentra la invasión de atribuciones del Poder Legislativo, que se excede en atribuciones y violenta la Ley de la Lotería Nacional.

El jueves pasado la Cámara autorizó la presentación de la controversia constitucional ya que en este caso, de acuerdo con Gutiérrez de la Garza, el reglamento va por encima de la ley. Por ejemplo, aprueba modalidades de juegos y sorteos que no están consideradas y no establece que los premios no reclamados tengan un destino de asistencia pública, como el de la Lotería Nacional.

Otro problema, expuso, es que a través de un artículo transitorio todos los permisos anteriores al reglamento surtirán todos los efectos en los términos acordados, con lo que se justifica la legalidad del acto.

El reglamento prohíbe las máquinas tragamonedas, permite juegos y apuestas sólo en moneda nacional, no permite que los permisionarios extiendan crédito a los apostadores, prevé la constitución de un Consejo Consultivo de Juegos y Sorteos, que será coadyuvante en la aplicación de las políticas públicas de transparencia y rendición de cuentas en esta rama.

El Consejo Consultivo dará su opinión en el caso de permisos para instalar centros de apuestas remotas, salas de sorteos de números, así como de hipódromos, galgódromos y frontones.

También se integrará un banco de datos sobre Juegos con Apuestas y Sorteos, en el que se registrarán los permisos, la identidad de los permisionarios y sus operadores, así como de las sanciones que se impongan.

Los permisionarios deberán presentar informes mensuales de los ingresos y del pago de participaciones al erario federal, y deberán notificar los movimientos de accionistas, en operaciones de capitalizaciones, disminuciones de capital, escisiones y fusiones.

Los permisos tendrán vigencia por 25 años, son intransferibles y no podrán ser objeto de gravamen, cesión, enajenación o comercialización alguna.