Durante el pasado mes de Agosto, la ONCE realizó duras acusaciones contra la Organización Impulsora del Discapacitado, por la venta del cupón denominado Euroboleto, ya que, según afirman, no tienen autorización administrativa y los vendedores no son personas discapacitadas.
Sin embargo, fuentes de la OID han asegurado que la organización está legalmente inscriptas en el registro de organizaciones del Ministerio del Interior y que la mayor parte de sus empleados son personas discapacitadas.
A pesar de la pólemica, el pasado 15 de mayo el Tribunal Supremo rechazó la posibilidad de que la OID pueda celebrar sorteos. Ante esta situación, la OID señaló que la medida ha sido apelada ante el Tribunal Constitucional, y que mientras no haya una sentencia firme no dejarán de comercializar el Euroboleto. La Once, por su parte, exige al Gobierno la aplicación inmediata de esta sentencia.