Edición Latinoamérica
22 de Octubre de 2020

Polémica en el Cabildo

Rechazaron la moratoria para la instalación de casinos en Gran Canaria

(España).- La discusión de este tema generó momentos ríspidos entre oficialistas y opositores en el Cabildo de Gran Canaria, y los portavoces de ambas facciones políticas cruzaron duras descalificaciones durante la sesión de ayer.

E

l grupo de gobierno del Cabildo de Gran Canaria rechazó este jueves una moción presentada al pleno de la corporación por CC y PSC, que pedía una moratoria de cuatro años en la concesión de licencias de casinos en la isla, ante una protesta protagonizada por los trabajadores de los dos que existen.

Este fue el asunto que generó mayor polémica en el pleno de este jueves entre el grupo de gobierno y los de la oposición, cuyos portavoces se cruzaron descalificaciones diversas, entre ellas, las proferidas por el de CC, Carmelo Ramírez, quien acusó al PP de favorecer, con la defensa de la instalación de un nuevo casino en el sur de la isla, los intereses de un empresario de esa zona.

El portavoz del PSC, José Miguel Pérez, quien declinó hacerse eco de los rumores que rodean a este asunto, insistió en reiteradas ocasiones en manifestar que su grupo se opone a la concesión de las cinco nuevas licencias de casinos que aprobó el Gobierno canario, al considerar que no se ha cumplido el procedimiento que establece la ley que regula estos establecimientos.

A su juicio, en el caso del primero de los cinco nuevos casinos previstos en Canarias, y que se ubicará en San Bartolomé de Tirajana, "se ha hurtado el debate al Parlamento de Canarias", cámara que debía haber examinado con carácter previo a la convocatoria del concurso, el dictamen sobre la incidencia de esta instalación que le tenía que haber remitido el Ejecutivo regional.

Por su parte, el portavoz del PP, Larry Alvárez, acusó en varias ocasiones a los dos grupos de la oposición, cuya propuesta conjunta calificó como "moción pinza", de pretender defender el monopolio de casinos con su oposición a la instalación de un segundo en el citado municipio del sur de la isla, pese a que los dos que existen hasta el momento en Gran Canaria pertenecen a distintas empresas.

Según los datos aportados por Alvárez al pleno de la corporación, entre 2002 y 2003, el Casino Tamarindos incrementó en un 25% el número de visitantes y los ingresos por tasas del juego recibidos por la hacienda canaria de este establecimiento en ese período "duplicaron la suma de los de Santa Cruz de Tenerife y Puerto de la Cruz".

Frente a esta situación, agregó el portavoz del PP, en los casinos de Tenerife no se ha producido incremento de visitantes. Estos datos fueron calificados como "mentiras" por parte del portavoz de CC, Carmelo Ramírez, quien aportó otros según los cuales los ingresos del Casino Tamarindos fueron en 2001 de 1,7 millones de euros, cifra que descendió en 2002 a los 1,6 millones de euros, y a los 1,5 millones el pasado año.

Además, Ramírez rechazó el argumento del PP relacionado con la defensa del libre mercado frente al monopolio que, según su portavoz, defienden CC y el PSC, a quien recalcó que los casinos no se rigen por las leyes del mercado, sino que están sujetos a un régimen especial que estipulan los estamentos públicos.

Carmelo Ramírez también expuso que, mientras que en el conjunto de España, existe un casino por cada 1,3 millones de habitantes, en Canarias este ratio se sitúa en la actualidad en un casino por cada 284.000 habitantes, argumento que, junto con los anteriores, justifican el rechazo a nuevas instalaciones de este tipo en la isla.

Tanto el PSC como CC instaron al PP a presentar una moción transaccional a la de los dos grupos de la oposición en la que se solicitara la revocación del decreto aprobado por el Gobierno regional y que prevé cinco nuevos casinos en las Islas, algo que el grupo de gobierno rechazó.

Mientras tanto, un grupo de trabajadores de los dos casinos que existen en Gran Canaria, el de la capital y el de San Bartolomé de Tirajana, se concentraron a las puertas de la sede de la corporación para reclamar que no se instalen más instalaciones de este tipo en la isla, ya que harán peligrar unos dos centenares de empleos.

Una representación de los trabajadores presenció el pleno del Cabildo y, ante sus airadas protestas, fue llamada al orden por el presidente, José Manuel Soria, quien les pidió guardar silencio para no tener que invitarles a abandonar el salón de plenos.

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